En Colombia, la palabra paz ha sido secuestrada por una retórica moralizante del Estado que pretende situarla por encima de la justicia y de la democracia.
Se la invoca como un dogma y se la blinda frente a cualquier crítica, como si cuestionar sus medios equivaliera a traicionar su fin. Con ese presupuesto se ha erigido la llamada Paz Total, presentada como el gran legado político del actual gobierno.
Bajo este rótulo el país asiste hoy a una peligrosa reedición de un modelo que ya mostró sus grietas. No se trata simplemente de una política pública en construcción; es un intento de redefinir el orden jurídico mediante una soberbia moral del poder que pretende legislar sobre el alma de las víctimas, ignorando que una paz sin legitimidad social no es más que una tregua técnica condenada al naufragio.
La crisis de legitimidad no comenzó con este gobierno, pero se ha profundizado bajo su administración. El plebiscito de 2016 dejó una cicatriz institucional que nunca cerró: cuando la ciudadanía votó “No”, el poder político no corrigió el rumbo, sino que diseñó la arquitectura jurídica más sofisticada posible para neutralizar ese mandato popular. Desde entonces, la participación ciudadana quedó reducida a un gesto simbólico. La Paz Total hereda ese vicio de origen, partiendo de la premisa equivocada de que el Estado puede imponer el perdón por decreto en una sociedad atravesada por décadas de violencia.
Es éticamente violento pretender que todas las víctimas, de manera homogénea, perdonen bajo el pretexto de una paz estable. El derecho penal internacional exige verdad, justicia y reparación; el perdón, en cambio, pertenece al ámbito de la conciencia, no al de la administración pública. La desconexión entre la norma y la realidad llegó a uno de sus puntos más indignantes cuando, tras la firma del Acuerdo, las Farc presentaron un inventario de bienes para reparar a las víctimas integrado por traperos viejos, escobas, exprimidores de naranjas y otros objetos irrisorios. Pese a que también aseguraron tener oro, tierras y dinero, hasta hoy no han cumplido con lo acordado con relación a la reparación.
Ese episodio no fue una anécdota pintoresca: fue una estocada al corazón de la justicia transicional. Mientras el Estado cumplía de inmediato con la entrega de diez curules en el Congreso, los victimarios respondían con un desprecio patrimonial absoluto. Jurídicamente, aquello constituyó un fraude a la verdad que debió, como mínimo, activar consecuencias políticas severas. Sin verdad plena ni reparación real con activos de valor, la participación política de los excomandantes pierde su sustento ético y jurídico.
Con el canje de fusiles por curules se obtuvo un país donde antiguos cabecillas legislan, gozan de escoltas oficiales y camionetas blindadas mientras los territorios que debían ser liberados hoy sufren el yugo de disidencias que nunca desaparecieron.
A pocos meses de terminar este mandato, con el calendario electoral en marcha y un Congreso en retirada, la Paz Total se asemeja más a un catálogo de concesiones administrativas que a una solución integral del conflicto. Si el Gobierno insiste en tratar el perdón como una mercancía y el disenso como una herejía, la reconciliación seguirá siendo una ficción de escritorio.
Y entonces la pregunta se impone: sin la Paz Total, ¿cuál será el legado del gobierno Petro? ¿Un país con mayor control territorial? No. ¿Una justicia fortalecida? Tampoco. ¿Víctimas reparadas y escuchadas? Menos aún. Lo que empieza a perfilarse no es una transformación estructural, sino una narrativa que confundió voluntad política con legitimidad democrática.
Colombia no necesita más blindajes morales ni verdades reveladas desde el poder. Necesita reglas claras y el reconocimiento de que la justicia punitiva es el suelo mínimo sobre el cual puede construirse cualquier esperanza de perdón genuino. Seguir negociando el dolor de las víctimas a sus espaldas, replicando un modelo que privilegió la sofisticación del papel sobre la seguridad de los territorios, es una apuesta que el país no puede volver a permitirse.
Columna de Opinión
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