Santa Marta, la magia de tenerlo todo, es una ciudad privilegiada por su geografía y su historia, pero también es una ciudad marcada por carencias que se repiten en los discursos y, con demasiada frecuencia, se diluyen en los proyectos. El agua —ese recurso esencial para la vida— se ha convertido en un problema intrínseco de la ciudad: recurrente en campañas políticas, anunciado como prioridad, pero postergado en la solución estructural.
Hablar del agua en Santa Marta no es hablar de una coyuntura reciente. Los registros periodísticos dan cuenta de crisis de abastecimiento desde hace varias décadas, con racionamientos prolongados y soluciones de emergencia como el uso de carrotanques en distintos sectores de la ciudad, los que se volvieron parte de la cotidianidad. No se trata, por tanto, de un fenómeno aislado ni atribuible a una sola administración, sino de una falla acumulada de planeación, inversión y continuidad en las políticas públicas, ni doce años de los mismos, lo logro. ¿O seria que no lo intentó?
A pesar de contar con fuentes hídricas cercanas y con un entorno natural privilegiado, Santa Marta no ha logrado consolidar un sistema de acueducto robusto, sostenible y acorde con el crecimiento urbano y turístico. Estudios académicos sobre gestión del agua en ciudades intermedias del Caribe colombiano han señalado que la dependencia de medidas provisionales, sumada a la falta de mantenimiento e inversión a largo plazo, termina agravando el problema en lugar de resolverlo.
El agua, además, se ha vuelto un recurso discursivo de campaña. Aparece en planes de gobierno, en promesas de solución “definitiva” y en anuncios que suelen coincidir con momentos electorales o con picos de escasez. Sin embargo, una vez superada la emergencia inmediata —cuando vuelve la lluvia o disminuye la presión mediática— el tema pierde centralidad. La ciudad regresa al ciclo conocido: racionamiento, improvisación y silencio.
Lo preocupante es que esta lógica ha impedido tratar el agua como lo que realmente es: un derecho fundamental y un eje estructural de desarrollo. No puede seguir abordándose como una contingencia, sino como un proyecto de ciudad pos 500 años. La evidencia técnica es clara: garantizar el acceso continuo al agua requiere planeación de largo plazo, inversión sostenida, fortalecimiento institucional y control ciudadano sobre la ejecución de los recursos.
Hoy, con una ciudad en expansión y una presión creciente por parte de los constructores, la fragilidad del sistema se hace aún más evidente. El aumento de la demanda, combinado con fenómenos climáticos extremos y prácticas inadecuadas de uso y gestión, pone en riesgo no solo el abastecimiento, sino la calidad de vida de miles de samarios. Y cuando el agua falla, fallan también la salud pública, la economía local y la confianza ciudadana.
Revisar los planes de desarrollo de distintas administraciones muestra un patrón repetido: el agua aparece como problema, pero rara vez como política pública integral con metas verificables y continuidad interadministrativa. Sin esa continuidad, cada gobierno comienza de cero, y la ciudad paga el costo de esa improvisación permanente.
Sin embargo, esta realidad también puede ser una oportunidad. Santa Marta podría transformar su relación con el agua si decide asumirla como prioridad real: tomar los diseños existentes, y ejecutar un plan maestro de acueducto y saneamiento, con respaldo técnico, financiación clara, transparencia y participación ciudadana. No se trata de prometer soluciones mágicas, sino de hacer lo necesario, de manera sostenida y responsable.
El agua no puede seguir siendo un tema de campaña ni un titular ocasional. Es una cuestión ética, política y profundamente humana. Una ciudad que no garantiza el acceso al agua compromete su presente y su futuro.
Ajá Leo, ¿y hoy qué?
Hoy, exigir que Santa Marta deje de tratar el agua como un problema recurrente y la convierta, por fin, en un proyecto serio de ciudad con vocación de futuro.
Columna de Opinión
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