Como ciudadano que intenta descifrar las cicatrices de nuestra historia, me resulta imposible no sentir una punzada de ironía al leer sobre los primeros pasos de nuestra República.
Apenas sacudíamos el polvo de las batallas contra la corona española, el nuevo orden aceptó que la libertad política no sería un derecho universal. En mi criterio, la Constitución de Cúcuta de 1821 revela una verdad dolorosa: la nación nació con miedo a su propia gente.
Al exigir propiedad u oficio independiente —y fijar la alfabetización como umbral político—, se trazó una frontera letal que marginó a quienes pusieron el pecho a las balas: indígenas, negros y campesinos. Como bien decía Eduardo Galeano, “la independencia renegó de sus protagonistas; se organizó una fiesta, pero se cerraron las puertas a los humildes”. Desde mi óptica, es desgarrador que quienes arriesgaron la vida fueran declarados incapaces por carecer de una instrucción que el sistema colonial les había negado sistemáticamente.
Ese diseño normativo alimentó el histórico choque entre Bolívar y Santander. El Hombre de las Leyes lo increpaba por traicionar los ideales de igualdad e incurrir en prácticas despóticas; afirmaba que la espada de los próceres debía someterse a la ley y que un sufragio diseñado para excluir era una afrenta al Estado de Derecho.
El Libertador defendió su postura. No lo presentó como un sesgo racial, sino como una salvaguarda: temía que la República quedara a merced de demagogos capaces de manipular a masas iletradas. Su desconfianza tenía una formulación brutal: “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”.
Esta estructura encuadraba en el sufragio restringido de la época, que distinguía entre ciudadanos activos y pasivos. Pero hoy, bajo la luz de los derechos humanos, tal decisión resulta inaceptable. Si bien entiendo el dilema de Bolívar ante un país en ruinas, no puedo soslayar el costo moral: se silenció políticamente a los oprimidos bajo el pretexto de su propio bienestar.
Al trasladar esta reflexión al presente, encuentro un paralelismo perturbador con el fenómeno de Gustavo Petro. Si Simón Bolívar temía al analfabetismo de letras, hoy nos enfrentamos a una orfandad institucional y digital: una ciudadanía expuesta a relatos que sustituyen la verificación y relativizan la legalidad. Por eso resulta jurídicamente alarmante constatar que, pese a los escándalos de corrupción, a las investigaciones y controversias en su entorno y a los cuestionamientos sobre la financiación de campaña, el mandatario conserve un poder de convocatoria masivo.
A mi juicio, esto sugiere que la advertencia sobre la manipulación de las mayorías sigue vigente, aunque con un giro oscuro: ya no es la falta de formación lo que nubla el juicio, sino la fe ciega en un relato que rebaja la Constitución a un obstáculo y no a un límite. Cuando un líder apela al pueblo desde el balcón para invalidar de antemano a los órganos de control, al Congreso, a las altas Cortes, o para desafiar la Constitución, asistimos a la resurrección del caudillismo que Santander tanto temía.
La solución del Libertador fue el paternalismo estatal. La de Santander fue la institucionalidad. Hoy, la historia demuestra que restringir derechos no es el camino, pero también advierte que una democracia sin respeto por la norma es solo la antesala de la tiranía.
Este contrapunto enseña que la democracia se construye ampliando libertades, pero se sostiene respetando límites. El reto de nuestra justicia hoy es demostrar que el Derecho impera sobre la narrativa. La verdadera libertad solo se afianza cuando el fervor de las plazas no sirve de escudo.
Finalmente, este espejo entre 1821 y la actualidad me deja una convicción: la soberanía popular no puede convertirse en patente de corso. En una democracia constitucional, las urnas habilitan el mandato, pero no suspenden los controles. Por eso, la tarea de los organismos del Estado es probar, decidir y sancionar con debido proceso. Si el Estado falla en esa misión, no solo traiciona a Santander: traiciona la promesa misma de la República.
Columna de Opinión
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