El escándalo de esta semana es el ataque a la democracia que anunció el gobierno que quiere un estado de emergencia para implementar por esa vía la reforma tributaria que le rechazó el Congreso. El escandalito, la oscura colocación de $23 billones en deuda pública.
La operación muestra que al Ministerio de Hacienda cada día le cuesta más trabajo colocar los bonos colombianos y tiene que pagar tasas más altas. Para septiembre de este año, la deuda bruta del Gobierno aumentó $169 billones en comparación con el mismo mes del 2024. El saldo total de deuda ha crecido en $317 billones y llegó a $1.138 billones en septiembre de 2025. La deuda es 38,6% mayor que la de Duque, que tuvo que lidiar con la pandemia. Hoy pagamos en promedio tasas de 12% por deuda a 10 años, de las tasas más caras del mundo junto con Turquía o Ucrania.
Ahora, el peligroso aumento de la deuda solo refleja el problema de fondo: el déficit fiscal, 7,1%, el más alto de la historia. El gobierno gasta más, mucho más que lo que ingresa, y para cubrir la diferencia, que es cada vez mayor, se endeuda más y a un costo más alto. Si el presupuesto nacional en 2022 fue de $350,4 billones, el del próximo año es de $546,9.
Y acá vamos al escándalo. Petro presentó al Congreso una nueva reforma tributaria para cobrar más impuestos que le permitan gastar aún más en funcionamiento, nómina y contratos de prestación de servicios. El funcionamiento ha crecido 74,1% durante Petro, la nómina aumentó de 1.318.729 servidores públicos en 2022 a 1.398.483 a agosto de este año, y solo en el primer semestre Petro celebró 394.600 contratos de prestación de servicios, sin incluir Sena ni ICBF, que nos costaron $14,1 billones.
Por todas esas razones los parlamentarios esperaban que el gobierno controlara el gasto y disminuyera el déficit y no le aprobaron la reforma. La ley dice que en esas circunstancias el gobierno debe aplazar o recortar el gasto presupuestal desfinanciado. Pero Petro decidió declarar un estado de emergencia para poner en marcha por decreto la tributaria que rechazó el Congreso. Quiere hacerlo, además, cuando las Cortes están de vacaciones, de manera que la Constitucional no pueda ejercer su control automático sobre los estados de excepción que ordena la Carta del 91.
No es solo un acto desleal. Es una trampa a la Constitución y a la separación de poderes. Está dentro de las competencias del Congreso no aprobar nuevos impuestos. Si negar una tributaria fuera causal para declarar una emergencia económica, como alega el gobierno, significaría que el Congreso siempre tendría que aprobar las reformas tributarias que le presente el gobierno. Lo que el gobierno quiere, una vez más, es implementar por decreto lo que el Congreso no le aprobó por ley.
Además, la emergencia económica está constituida para enfrentar hechos sobrevivientes y excepcionales, no sistémicos, previsibles y provocados por el mismo gobierno como el déficit fiscal y el presupuesto desfinanciado.
Lo que se requiere es que Petro abandone sus tendencias autoritarias, respete la independencia del Congreso y no se burle del control constitucional aprovechando la vacancia judicial para impedir su ejercicio.
Lo que la situación exige es austeridad y disciplina fiscal, reducir el gasto de nómina y los contratos de prestación de servicio, y dejar de meterle la mano al bolsillo a los colombianos, trabajadores y honestos, para derrochar el fruto de su esfuerzo en corrupción y en aceitar la maquinaria del Pacto Histórico para las elecciones, que son los afanes que mueven a Petro.
Columna de Opinión
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