En la novela Viento Seco, de Daniel Caicedo, me encontré con un puñetazo en la conciencia de la Violencia partidista: esa guerra sucia de 1948 a 1958, diez años de sangre, miedo y exterminio que siento que hoy se están cubriendo con el manto traicionero de la amnesia colectiva.
Siento en el estómago, cómo al amparo del poder conservador, grupos como los infames "pájaros" o "chulavitas" se dedicaron al exterminio sistemático de quienes eran señalados como liberales. No fue una pelea de bandos equivalentes. Fue una política de terror que arrasó pueblos y familias, donde agentes estatales, por acción o por omisión, fueron cómplices. El horror fue una forma de gobierno.
La violencia no fue un accidente, fue un método. Y, no puedo evitar sentir la rabia de que el Estado tuvo una responsabilidad histórica que todavía me parece que no ha asumido plenamente. No fueron solo fanáticos desbordados; fue una maquinaria de persecución impulsada por el poder, por la fuerza pública y por un discurso ideológico que decía que el adversario era un enemigo a eliminar.
Y hay algo más perturbador, algo que me duele en el alma: cómo la fe fue pervertida para justificar la muerte. La línea entre creer y matar se borró de la manera más perversa. Matar a un liberal dejó de ser pecado. La religión, que debería ser un refugio, se convirtió en el combustible ideológico del exterminio.
¿Hay que pasar la página? El verdadero peligro es que olvidemos. Mientras no nombremos con claridad lo que ocurrió, mientras no se reconozca la responsabilidad histórica de quienes protagonizaron esa guerra, la violencia, como un fantasma, seguirá reapareciendo con otros nombres, pero con las mismas víctimas.
Trajimos la justicia transicional y creamos comisión de la verdad para el acuerdo con las FARC. Pero rara vez se dice con la fuerza que se merece: los crímenes de la Violencia bipartidista cumplen con la esencia de graves infracciones internacionales. Lo ocurrido en Colombia, en su lógica de exterminio, no se diferencia del horror en Ruanda o Yugoslavia.
Siento que la literatura, en este caso, hace el trabajo que el derecho ha aplazado. Y al hacerlo, me interroga: ¿qué carajos hemos aprendido? ¿Qué tanto de esa lógica de aniquilación sigue vivo en nuestra manera de hacer política?
Pero mi reflexión no es solo académica; nace de una profunda herida familiar. Mi abuelo, Pedro Pablo, fue uno de esos guerreros liberales. Por sus convicciones familiares, se vio obligado a huir de esa violencia ejercida por el Estado y los chulavitas. Con mi abuela Josefina formó una familia de diecinueve hijos (¡diecinueve!). En su huida llegaron a las montañas de Urabá, buscando paz en el sector La Fortuna.
Una mañana, mi abuelo salió a mercar con su hijo Pedro de 16 añitos. Nunca regresaron. Un chulavita los asesinó en medio de la selva con un disparo de carabina. Mi abuela, con el dolor intentó darles sepultura cristiana. Pero el cura del pueblo se negó: en ese cementerio no se enterraban liberales. Los cuerpos fueron llevados a un terreno junto al río Chigorodó. Con los años, el río cambió su cauce y se llevó también sus restos.
No hubo tumba, no hubo misa, no hubo duelo público. Solo un silencio atronador. Esa historia, esa que llevo en mi sangre, me explica por qué el horror no prescribe. Porque no solo los mataron: les negaron el derecho a ser llorados, a tener un lugar de descanso, a ser recordados. Por eso, cuando oigo a alguien decir con ligereza "hay que pasar la página", yo recuerdo que hay páginas que las víctimas jamás pudieron escribir.
Las consecuencias de esta guerra todavía se ven en el desplazamiento, en la intolerancia y en la facilidad con que naturalizamos al adversario como enemigo. Mientras el liberalismo y el conservatismo sigan sin hacer una autocrítica real por ese pasado, siento que mi país sigue cargando una deuda inmensa de verdad, justicia y memoria.
Columna de Opinión
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