El anuncio del presidente Trump de considerar legitimo bombardear territorio colombiano donde haya actividad de producción de cocaína desató distintas reacciones en Colombia. El presidente Petro ha agitado la bandera de la dignidad nacional, encontrando eco en algunos lideres, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes. Se ha encontrado también con respuestas más mesuradas. Petro dijo que un ataque en territorio colombiano equivale a declaración de guerra. Yo no lo veo así.
Un principio fundamental y primario en lógica es el de no-contradicción, que reza que no se puede ser y no ser al mismo tiempo; por ejemplo, no se puede ser alto y bajo o preñada y no preñada al mismo tiempo.
Si los Estados Unidos atacan un laboratorio de cocaína, esto quiere decir una de dos cosas. Una, que el estado colombiano no ejerce soberanía en ese territorio, sino que lo hace un grupo al margen de la ley; o la segunda, que si ejerce soberanía. En el primer caso, un ataque a un territorio donde no ejerce soberanía no es un ataque a Colombia. En el segundo, que es peor, el estado seria autor o cómplice del delito; es decir, un narco estado, lo cual lo convertiría a Colombia en un objetivo legitimo.
En lógica, los Estados Unidos simplemente, tal como lo dice Trump, están defendiéndose legítimamente de ataques de organizaciones terroristas que venden veneno a los estadounidenses. Han hecho más daño las drogas que los ataques terroristas. Bajo estos presupuestos, han sido los narcotraficantes los que le han declarado primero la guerra a los Estados Unidos. Mírese como se mire el asunto, la posición de los Estados Unidos es justificada. Si el problema de producción y consumo estuviera limitado al territorio colombiano, entonces los Estados Unidos no tendrían velas en este entierro, pero es un delito transnacional.
Petro quedó en un sin salida porque durante su gobierno, la política de paz total incluyó la renuncia a ejercer soberanía en grandes partes del territorio; y fue precisamente esta renuncia voluntaria de Petro la que causó un incremento desbordado del narcotráfico. A los territorios donde el estado tradicionalmente no ha ejercido soberanía, se le sumaron aquellos que Petro cedió dolosamente, convirtiéndose así en líder del narcotráfico.
Es indiscutible y verdad palmaria, que Petro por omisión y acción dolosa ha sido cómplice y patrocinador del fortalecimiento del narcotráfico en el mundo. Así las cosas, Petro -no Colombia- es objetivo legítimo, así como todos los grupos ilegales, ejerzan o no control territorial.
No podemos dejar que Petro nos enrede pretendiendo que toda acción de los Estados Unidos en contra de él o en contra de los narcotraficantes es una ofensa al país o una guerra declarada. Juntos, pero no revueltos. Una cosa es Petro el ciudadano, que responde penalmente de manera individual, y otra cosa es el presidente de Colombia. El próximo 7 de agosto Colombia tendrá otro presidente, pero Petro será Petro hasta el último día de su existencia. Los delitos cometidos por Petro lo seguirán hasta la tumba, y debe, o deberá, responder por ellos incluso si ostenta la dignidad presidencial. Que no crea Petro ni por un segundo que el ser presidente le da patente de corso e impunidad total, porque si así fuera, ya no estaríamos en una democracia sino en una dictadura. La condición de aforado no cobija delitos comunes cometidos en ejercicio del cargo, aunque exija un proceso más complejo y prolijo en el juzgamiento, que supuestamente tiene como único propósito evitar la persecución política maquillada.
Los ciudadanos debemos estar preparados para reaccionar responsablemente ante un posible ataque de los Estados Unidos a líderes o grupos de narcotraficantes. Los ciudadanos no debemos dejarnos enredar por los discursos ventijulieros de Petro y mucho menos meternos en una pelea que no es nuestra.
