Trato de ir por mi entorno dejando huellas a través de relaciones auténticas con mi familia, los seres humanos, los animales y el planeta. Considero que es una forma de afirmar nuestra humanidad. Cada gesto, cada vínculo y cada acción responsable o de agradecimiento se convierten en una marca que trasciende el tiempo y nos recuerda que morimos verdaderamente cuando nos olvidan. La clave está en dejar huellas para que nos recuerden por generaciones.
El Derecho, en su propósito de reconocer y dar validez a las acciones humanas, también ha recurrido a las huellas. En ellas encontró un medio para identificar, autenticar y probar. La huella dactilar se erigió como símbolo de certeza jurídica: garantiza que quien firma es realmente quien afirma ser, y que su voluntad queda fijada en un acto con plena validez.
El Estado la elevó a la categoría de prueba casi sagrada de identidad. Asi mismo, Bancos, notarías, registradurías, entidades, secretarías de tránsito y empresas la exigen aún hoy como llave de acceso a derechos, bienes y servicios. En un sistema jurídico que venera la seguridad y la certeza, la huella dactilar representa la confianza en lo visible, en lo tangible. Pero esa confianza, tan profundamente arraigada en nuestra cultura jurídica, también encierra una paradoja: el tiempo desgasta las huellas, las borra, y con ellas puede desvanecerse la posibilidad misma de ser reconocido ante la ley.
Las personas mayores, cuyos dedos se han desdibujado, enfrentan un obstáculo silencioso pero real: el sistema que nació para proteger la identidad termina negándola. El Derecho presume que la identidad es estable, verificable y permanente; sin embargo, el cuerpo humano desmiente esa presunción. Las huellas se desgastan con la edad, el trabajo, la enfermedad o la simple fragilidad de la piel. Y cuando desaparecen, los mecanismos de identificación se convierten en barreras.
En la práctica, un adulto mayor puede ver restringido su acceso a servicios bancarios, pensión, escrituras notariales, licencias de conducción o incluso a la salud, por no poder “demostrar” su identidad de la manera exigida por el sistema. La paradoja es dolorosa: quien más ha vivido, quien más huellas ha dejado en el tiempo, es precisamente quien termina siendo invisible ante las instituciones. Desde una mirada jurídica y ética, este hecho evidencia una falla profunda en la razonabilidad y proporcionalidad de los medios de identificación que el Estado impone. El Derecho, si no se adapta a la condición humana, corre el riesgo de borrar aquello mismo que pretende proteger: la dignidad humana.
Hoy, cuando la inteligencia artificial avanza con pasos agigantados, resulta imperativo que los sistemas jurídicos y tecnológicos evolucionen. La huella ya no debe entenderse solo como la impresión del dedo en un lector, sino como el conjunto de signos que dan cuenta de la identidad humana.
El reto de la IA no consiste solo en reproducir patrones biométricos con precisión matemática, sino en reconocer la complejidad del ser humano. Identificar no es simplemente verificar; es, ante todo, un acto de reconocimiento. Por eso, el verdadero progreso tecnológico no se mide por su exactitud, sino por su capacidad de preservar la dignidad. La tecnología debe adaptarse al ser humano, no al revés.
En la antigüedad, las huellas servían para seguir el rastro de la vida; hoy deberían servir para garantizarla. Si el Derecho quiere seguir siendo un instrumento de justicia y no de exclusión, debe aprender a leer nuevas huellas. Cada clic, cada registro, cada palabra escrita, es una prolongación de nuestra existencia.
Para concluir, es inaceptable que en pleno siglo de la inteligencia todavía persistan trámites que excluyen a las personas mayores por no adaptarse a las limitaciones naturales de la edad. La tecnología debe estar al servicio de la inclusión y no convertirse en una barrera para el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales. Ya es hora de que todas esas entidades —incluidas las notarías— abandonen ese sistema obsoleto de tomar huella dactilar que desconoce la humanidad de las personas mayores.
Columna de Opinión
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