La historia de Agnodice, una mujer que se disfrazó de hombre para estudiar medicina en la antigua Grecia, aunque nos llega desde un pasado distante, resalta la tenacidad frente a las restricciones impuestas por el género.
Sin embargo, este relato histórico no debe contemplarse como una mera curiosidad del pasado, sino más bien como un espejo de las luchas actuales que enfrentan las mujeres en Colombia, un punto de partida crítico para examinar cómo, a pesar de los siglos transcurridos, la lucha por la igualdad de género continúa siendo una batalla cuesta arriba en muchos frentes.
Es innegable y profundamente lamentable que persisten establecimientos clandestinos en ciudades y pueblos colombianos, donde mujeres son encerradas y forzadas a prostituirse, buscando un mínimo vital. Esta situación no es otra cosa que una manifestación flagrante de trata de personas y esclavitud moderna, revelando una alarmante indiferencia y falta de acción colectiva.
Aunque nos autoproclamamos miembros de una sociedad democrática y un Estado social de derecho, la realidad nos golpea con la crudeza de su contradicción. El continuo desfile de casos de violencia de género, que abarca desde abusos verbales y físicos hasta agresiones sexuales, feminicidios y otras formas de violencia machista, es un testimonio estremecedor de la persistencia de una cultura profundamente arraigada en el patriarcado.
De hecho, lo más indignante es que estos actos de violencia ocurren no solo en la penumbra de la ilegalidad, como en el caso de la trata de personas, sino también en espacios que deberían ser seguros para las mujeres. Resulta desolador observar cómo, incluso en Colombia un estado que se jacta de tener una Constitución como un catálogo de derechos la opresión y la discriminación contra las mujeres siguen siendo tan palpables.
No podemos continuar ignorando el hecho de que la violencia de género y la explotación sexual son problemas sistémicos, arraigados en estructuras de poder desiguales que necesitan ser desmanteladas. Es hora de que nuestras acciones colectivas reflejen una verdadera indignación y compromiso con el cambio.
Ahora bien, la situación de las mujeres en Colombia constituye una medición no solamente del estado de salud de su democracia, sino también la profundidad de su justicia y humanidad. Resulta inexcusable e inaceptable que, en pleno siglo XXI, sigamos inmersos en una realidad donde la desigualdad de género se manifiesta con una crudeza alarmante, reflejando una sociedad profundamente injusta y una democracia marcadamente imperfecta.
Es un hecho notorio que las cargas familiares y de cuidado caen desproporcionadamente sobre los hombros de las mujeres, arrastrando consigo un lastre de discriminación salarial y precariedad laboral que parece ser tan endémico como arraigado. Este panorama no solo es desolador, sino que también es una muestra palpable de un sistema que perpetúa y normaliza la desigualdad de género, socavando cualquier pretensión de equidad y progreso.
Más aún, nos enfrentamos a un panorama donde la violencia de género no solamente persiste, sino que se reproduce y amplifica. Este fenómeno no es sino la expresión más brutal de una cultura que, lejos de erradicar las raíces del machismo y la discriminación, las fertiliza con un silencio cómplice y una acción insuficiente.
En síntesis, resulta indignante cómo, a pesar de los avances legislativos con leyes que crean el tipo penal del feminicidio, seguimos siendo testigos de una realidad en la que ser mujer implica navegar a través de un mar de riesgos y desventajas, simplemente por el hecho de serlo. La perpetuación de esta violencia y discriminación es una mancha en el tejido de cualquier sociedad que se precie de ser justa y democrática.
Para concluir, la dura realidad es que vivimos en una sociedad que, mientras presume de ser demócrata, falla rotundamente en garantizar los derechos más básicos y fundamentales para la mitad de su población. Esta situación no es solo un fracaso político, sino también moral, y nos llama a reflexionar críticamente sobre los valores y principios fundantes de nuestra democracia.
Columna de Opinión
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