Mientras el presidente Gustavo Petro insiste, una y otra vez, en cargar sus discursos de reproches contra Estados Unidos, no deja de sorprenderme que, al mismo tiempo, sigamos dependiendo del apoyo financiero de ese mismo país para sostener la presencia en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No estamos hablando de una oficina cualquiera. Me refiero a la OACNUDH, que desde 1997 ha cumplido un papel clave en Colombia: ha denunciado masacres, ha hecho visibles los desplazamientos forzados, ha estado del lado de los líderes sociales y de los reclamantes de tierras amenazados y de las comunidades indígenas y campesinas que viven bajo fuego cruzado. Esta oficina ha hecho lo que muchas veces el propio Estado no ha querido o no ha sabido hacer: estar presente, escuchar, acompañar.
Y ahora resulta que están cerrando sus oficinas regionales por falta de recursos. Recursos que, en buena parte, venían de Estados Unidos. El mismo país al que el presidente ataca con tanta frecuencia desde el atril. ¿No es eso, acaso, una enorme incoherencia?
Considero que esta no es una simple diferencia ideológica. Es una muestra clara de cómo el discurso se vuelve vacío cuando se desconecta de la realidad. Porque mientras en Bogotá se habla de soberanía y dignidad nacional, en las regiones más olvidadas del país se siente más marcado el abandono.
Es evidente que Estados Unidos, nos guste o no, ha financiado buena parte de los mecanismos internacionales de cooperación. No es un tema de simpatías. Y en vez de entenderlo como una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones, lo que vemos es una especie de pelea innecesaria, que no construye nada y que, al final, puede dejar a los más vulnerables aún más desprotegidos.
El Estado de Colombia, con toda su retórica de autonomía, aún depende del músculo financiero y diplomático de Washington para mantener viva la presencia internacional que vigila, intercede y protege los derechos humanos.
En consecuencia, es preocupante que el presidente Petro persista como si viviera en un mundo ideal, donde bastara con la retórica para transformar la realidad. Lo cierto es que mientras caza constantes peleas con Estados Unidos, en Colombia se apagan las luces de organismos que han hecho el trabajo que el propio Estado se niega o es incapaz de hacer.
Además, Colombia es uno de los países del mundo donde más se violan los derechos humanos. Y no lo digo yo: lo dicen los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de la misma OACNUDH y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí se asesinan defensores a un ritmo alarmante. Se criminaliza la protesta. Se desplaza a comunidades enteras. Hay extensas zonas rurales donde no hay presencia estatal.
Por eso: ¿le conviene a un Estado como el colombiano prescindir de la vigilancia internacional? ¿De verdad cree el presidente Petro que podemos darnos el lujo de que se vaya la ONU, precisamente ahora, cuando la emergencia humanitaria se profundiza en todo el país?
¿A quién le conviene que la ONU se vaya? ¿Al pueblo colombiano? Claramente no. ¿A las víctimas? Mucho menos. ¿A los gobiernos locales? Tampoco. Entonces, ¿quién gana? Tal vez quienes quieren operar en la sombra, sin escrutinio, sin informes, sin visibilización.
Insisto: un presidente no está para pelear, sino para gestionar y construir puentes incluso con aquellos con quienes se tienen diferencias ideológicas, pero que están siempre dispuestos a ayudar. No se trata de arrodillarse, sino de entender que los discursos incendiarios pueden quemar los pocos recursos que sostienen la esperanza en regiones azotadas por la guerra, la pobreza y la exclusión.
Cuando se va la OACNUDH, no se va solo una institución. Se va un interlocutor que ha sido clave para que muchas víctimas no queden solas. Que eso ocurra justo en el gobierno que se autoproclama como el más progresista y defensor de los derechos humanos, no solo es paradójico: es, en mi opinión, una vergüenza.
