La corrupción es, sin duda, uno de los desafíos estructurales más serios que enfrenta Colombia en el siglo XXI. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 elaborado por Transparencia Internacional, Colombia ocupó el puesto 87 entre 180 países, con una calificación de 39 sobre 100, lo que evidencia un alto nivel de percepción de prácticas corruptas en instituciones públicas (Transparencia Internacional, 2024).
El fenómeno de la corrupción se manifiesta en múltiples ámbitos: desde la desviación de presupuestos, la adjudicación irregular de contratos públicos y la falta de transparencia en las licitaciones, hasta el soborno, el nepotismo y la extorsión. Según la Contraloría General de la República, entre 2017 y 2022 el país perdió más de 22 billones de pesos por corrupción en la contratación pública, cantidad suficiente para financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos en decenas de ciudades (Contraloría General, 2023).
En el contexto local, ciudades como Santa Marta han sido testigos de promesas reiteradas sobre inversiones en acueductos, alcantarillados y sistemas de saneamiento básico que, en muchas ocasiones, no se materializan por la falta de voluntad política y la interferencia de intereses particulares. Más de un 35% de los habitantes urbanos en Colombia carecen de acceso a agua potable continua y de calidad, según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2023). Este dato contrasta con los anuncios de grandes convenios interadministrativos y el despliegue de eventos oficiales, en los que la solución al problema parece posponerse indefinidamente.
La corrupción, además de su impacto económico, merma la confianza ciudadana. El Barómetro de las Américas 2023 indica que el 71% de las personas consideran que la corrupción en Colombia es muy alta o alta, y más del 60% perciben que sus autoridades locales han estado involucradas en prácticas corruptas en algún momento (LAPOP, 2023).
Resulta fundamental reconocer que la lucha contra la corrupción requiere no sólo de voluntad política, sino de una sociedad activa, informada y participativa. Las iniciativas ciudadanas para embellecer barrios, mantener espacios limpios y exigir transparencia son esenciales para transformar la realidad, por ello Vamos por Santa Marta, es una iniciativa digna de replicar. Sin embargo, es indispensable fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, promover la denuncia y garantizar que los presupuestos públicos lleguen efectivamente a las comunidades.
La corrupción no se combate únicamente con denuncias en la prensa; ni con una ley de financiamiento.
Que no se equivoque nuestro congreso al aprobar una ley que permita continuar aumentando la burocracia y empobreciendo al elector.
¿Ajá Leo y hoy que hiciste por Santa Marta? Admirarla dejarme absorber por sus atardeceres plateados. Igual recibí un consejo y habrá más cifras en mis escritos.
