No se trata de cifras ni de estadísticas, se trata de niños wayuú que no llegan a cumplir cinco años, de madres que cargan con el dolor de enterrar a sus hijos en el desierto, de comunidades enteras que han aprendido a convivir con la ausencia como si fuera parte inevitable de su destino.
En lugares como el Reino Unido, la historia de la mortalidad infantil es diferente. Gracias a un compromiso serio y constante por parte del gobierno, la cifra ha bajado drásticamente. El informe State of Child Health 2020 lo confirma: en Inglaterra, por cada 1,000 bebés que nacen, solo fallecen 3.9; en Escocia, la cifra es aún más baja, 3.2. Estos no son números al azar, sino el resultado de políticas bien pensadas y aplicadas.
Lo lograron con decisiones contundentes: programas de vacunación para todos, acceso asegurado a la atención médica, campañas para dejar de fumar durante el embarazo y el fomento de la lactancia materna. En esencia, porque entendieron que la vida de un niño no debería depender de la suerte.
Mientras tanto, en La Guajira, los niños enfrentan una tasa de mortalidad que alcanza 25 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. La desnutrición crónica sigue siendo la principal causa de muerte en menores de cinco años. Y lo más estremecedor: entre 2012 y 2020 murieron más de cinco mil niños Wayuu por esta razón. Parece que como sociedad lo hemos olvidado: cinco mil niños. Cinco mil vidas que se apagaron por falta de lo más básico: agua, comida, vacunas, atención médica oportuna.
Las causas de esta tragedia son tan conocidas que ya no admiten excusas. El agua potable no llega a muchas comunidades; los alimentos son escasos; los hospitales están lejos y sin personal permanente; y cuando la atención llega, suele ser tarde y fragmentada.
Lo indignante es que estas muertes eran prevenibles. Un suero oral contra la diarrea, un antibiótico a tiempo para una infección respiratoria, una ración alimentaria suficiente y permanente para evitar la desnutrición severa. Eso es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte de un niño Wayuu, entre un niño de Colombia y uno del Reino Unido. Pero en lugar de garantizar lo esencial, seguimos improvisando. En lugar de políticas públicas sostenidas, se repite el ciclo de programas cortoplacistas como el de Alimentación Escolar, que no resuelve la raíz del problema.
Es insoportable que, como país, normalicemos esta tragedia. Que cada cierto tiempo aparezcan titulares en la prensa, informes y visitas oficiales, pero en el fondo todo siga igual. Que los diagnósticos se repitan una y otra vez, mientras las comunidades esperan lo que debería ser incuestionable: la garantía de sus derechos más básicos.
Sé que existen leyes, decretos y hasta sentencias de la Corte Constitucional que han reconocido esta crisis. Pero lo que me indigna es que, a pesar de todo ese marco normativo, los niños sigan muriendo. ¿De qué sirven las normas si no se traducen en agua, alimentos y salud en territorio? ¿De qué sirven las sentencias si los más vulnerables nunca ven sus efectos?
El Reino Unido logró reducir estás muertes mientras aquí enterramos a nuestros niños por causas totalmente prevenibles. Me duele que seamos tan veloces para redactar planes en papel y tan lentos para ejecutarlos en la realidad. Pero, sobre todo, me duele que la infancia Wayuu siga esperando lo que cualquier niño en Escocia, en Irlanda del Norte ya tiene asegurado: crecer sin hambre y sin miedo a morir por desnutrición.
Para concluir, la historia nos enfrenta hoy a un espejo incómodo. Y frente a él, solo tenemos dos opciones: seguir normalizando la indignidad o asumir, de una vez por todas, que la vida de los niños en Colombia importa tanto como la de cualquier otro niño en el mundo. Y la dignidad humana como principio fundante de nuestro Estado, cuando se trata de la vida de un niño, no admite demoras ni excusas.
