Cómo he seguido de cerca la historia de la vereda Granizal, no puedo guardar silencio frente a lo que considero uno de los ejemplos más dolorosos de cómo el Estado, sus instituciones y sus decisiones judiciales, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias trágicas cuando no están ancladas en una lectura integral del territorio. Granizal no solo ha sido escenario de pobreza, exclusión y desplazamiento, sino también de decisiones que, paradójicamente, han puesto en riesgo la vida de quienes buscaban amparo legal y dignidad.
En 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció —con razón— que en sectores como El Pinar y Manantiales se estaban vulnerando derechos colectivos esenciales: acceso al agua potable, salubridad y ambiente sano. Frente a esa constatación, ordenó al municipio de Bello, a EPM, a la Gobernación y al Ministerio de Vivienda garantizar el acceso a agua y alcantarillado. No obstante, el Tribunal negó las medidas cautelares solicitadas, alegando falta de urgencia. ¿Cómo no era urgente la vulnerabilidad estructural para miles de personas viviendo en zonas de alto riesgo no mitigable?
Un año después, en febrero de 2020, el Consejo de Estado —corrigiendo parcialmente lo anterior— fue más allá: ordenó realizar un censo poblacional, estudios técnicos para verificar la viabilidad de prestar servicios, y —en caso de que dichos estudios no fueran favorables— ordenó la reubicación de la población en un plazo de seis meses. Además, dispuso que se garantizara el acceso temporal al agua mediante medios alternativos como carrotanques y subsidios. Estas órdenes, sensatas en el papel, han sido cumplidas de forma desigual o, en algunos casos, simplemente ignoradas.
Lo más grave es que, a pesar del mandato judicial, nadie fue reubicado de manera efectiva. La amenaza geológica siguió latente, y mientras tanto, la población creció, la ocupación se consolidó y se permitió que el tejido comunitario se anclara en una tierra que ya se sabía peligrosa.
En marzo de 2020, habitantes de Granizal presentaron una tutela por la inacción de las autoridades. El juez les dio la razón, ordenando a EPM y al municipio que respondieran de manera inmediata sobre el cumplimiento de lo dictado por el Consejo de Estado. La urgencia judicial contrastaba con la parsimonia institucional. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si esa tutela hubiese sido acatada con rigor?
Más recientemente, en 2025, la Corte Constitucional —mediante la sentencia T-042A— falló de manera favorable en una nueva acción de tutela, reconociendo las violaciones estructurales de derechos y reforzando el llamado a una intervención estatal real, no meramente simbólica. Este fallo, acompañado por organizaciones como Opción Legal, refleja que las Altas Cortes han comprendido la gravedad de lo que sucede en Granizal. Pero los fallos, aunque contundentes, no salvan vidas si no se traducen en acciones inmediatas.
No puedo dejar de reconocer el papel que ha tenido en esta historia la universidad de Antioquia. Fue ella quien se atrevió por medio del consultorio jurídico a ponerle nombre y rostro al drama humano que se vivía en Granizal. Visibilizaron la exclusión, denunciaron el abandono, acompañaron a las comunidades en sus luchas y exigieron lo que parecía obvio: agua, salud, legalización, dignidad. Su compromiso fue fundamental. Pero también me inquieta que, en ese noble afán por defender derechos, a veces se haya pasado por alto lo más elemental: que ningún derecho puede ejercerse si no se garantiza primero el derecho a la vida. Aunque su intención fue justa, es posible que la presión colectiva —institucional, comunitaria e internacional— haya influido en la legalización de asentamientos en zonas inestables que debieron ser objeto de reubicación urgente
Para concluir, llegó la hora de actuar con coherencia. Las personas que aún habitan en zonas de peligro en Granizal deben ser reubicadas de inmediato, con garantías de habitabilidad, acompañamiento social, y dignidad. No podemos permitir que las sentencias se vuelvan papel mojado, ni que el olvido institucional vuelva a cobrar vidas. Granizal no necesita más promesas ni más tutelas: necesita acción.
