En Colombia, un país frágil y en el que cualquier chispa puede encender la llama de la confrontación, no podemos olvidar que hemos tenido guerras y más guerras: la violencia bipartidista que convirtió veredas y pueblos en cementerios, las guerrillas y los paramilitares que crecieron en medio de la desigualdad y el abandono, el narcotráfico que nos dejó cicatrices imposibles de borrar y, en general, décadas de sangre y miedo. Esa memoria nos recuerda que la polarización nunca ha sido un simple debate político: en nuestra historia, demasiadas veces la palabra encendida terminó convertida en bala y plomo.
Hoy vivimos una de esas coyunturas que pueden marcar el rumbo de una generación entera. El presidente Gustavo Petro enfrenta una oposición tan intensa que a veces parece que la prioridad de algunos sectores no es discutir ideas, sino impedir a toda costa que su gobierno avance. En el Congreso, muchos debates no llegan a nada porque las bancadas se dedican más a bloquear que a construir. Algunos medios de comunicación han asumido una postura crítica que, aunque legítima en ciertos puntos, suele rayar en la hostilidad permanente. Y en las redes sociales el ambiente es peor: insultos, fake news, campañas de odio y un clima que hace imposible un diálogo decente. Lo que más me preocupa, sin embargo, es ver cómo el pueblo mismo se ha partido en dos: de un lado quienes defienden a Petro como la esperanza de cambio, y del otro quienes lo perciben como una amenaza a la estabilidad.
A todo esto, se suma la condena al expresidente Álvaro Uribe. No exagero al decir que es una de las decisiones judiciales más trascendentales de las últimas décadas. Para muchos, es la prueba de que nadie está por encima de la ley; para otros, un acto de persecución política. Yo siento que, lejos de cerrar un capítulo, la condena abrió una grieta todavía más honda en nuestra sociedad, y el país se debate entre quienes celebran y quienes sienten rabia e indignación.
Frente a este panorama, la pregunta es inevitable: ¿qué viene después de tanta polarización? Confieso que me aterra un escenario en el que la radicalización se profundice al punto de que el diálogo se vuelva imposible. Me imagino un Congreso convertido en un campo de trincheras, un Ejecutivo gobernando a punta de decretos que generan más desconfianza que soluciones, y unos medios y redes sociales que nos llevan a odiarnos alimentando a diario la hostilidad.
Ese camino podría llevarnos de nuevo a la violencia política: más amenazas, más silencios impuestos por el miedo, más líderes sociales asesinados. La economía también sufriría: menos inversión, más desempleo, más pobreza. Y como si fuera poco, el Estado perdería presencia en amplias regiones, dejándolas a merced de grupos armados ilegales. Sería, ni más ni menos, un retroceso hacia cuando vivimos un Estado fallido.
Pero quiero creer que no todo está perdido. Creo que mucha gente ya está cansada de la pelea eterna, y esa fatiga puede ser un motor de cambio. Tal vez cuando el ciudadano común, el que madruga a trabajar y lucha por sobrevivir, empiece a exigir resultados concretos, los líderes se vean obligados a moderar su discurso.
Entonces sueño con un escenario donde surjan liderazgos capaces de tender puentes, donde sea posible alcanzar acuerdos mínimos en temas como la seguridad, la educación, la salud y la lucha contra la corrupción.
Yo, personalmente, me niego a resignarme al peor de los escenarios. No quiero vivir en un país atrapado en la violencia y la división perpetua. Pero tampoco puedo ignorar que el riesgo es real y que estamos peligrosamente cerca de caer en él. Por eso creo que es nuestra responsabilidad, como ciudadanos, dejar de alimentar la confrontación y exigir a nuestros líderes que piensen más en el país. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de Petro ni la suerte de Uribe: es el destino mismo de Colombia.
