La historia de Granizal no es solo una historia de abandono estatal. Es, sobre todo, una historia de complicidades peligrosas. Porque allí no fracasó únicamente el Estado: fracasamos todos. Fracasaron las universidades, fracasaron las ONGs, fracasaron los organismos internacionales, fracasaron los líderes sociales y los defensores de derechos humanos que, en nombre de la dignidad humana, empujaron a miles de personas a quedarse en un territorio que jamás debió ser habitado.
Nos repetimos que legalizar era dignificar. Pero lo sabíamos: esa tierra estaba herida, inestable, erosionada, sin condiciones mínimas para una vida segura. Los estudios técnicos lo advertían. Aun así, las universidades promovieron tutelas, las ONGs celebraron sentencias, los líderes comunitarios ofrecieron promesas imposibles y el Estado, presionado local e internacionalmente, terminó cediendo. No por convicción, sino por miedo. No por justicia, sino por cálculo político.
Y el desenlace fue el que temíamos: deslizamientos, muertes, desplazamientos internos en un territorio que prometía dignidad, pero entregaba tragedia. Y lo peor: nadie regresó a decir la verdad. Nadie volvió a decir “nos equivocamos”, “los empujamos a vivir donde no se puede vivir”. Se impuso el silencio de los responsables.
El problema no fue solo jurídico. Fue político. Fue ético. Una sociedad entera prefirió ganar una batalla simbólica antes que hacer una política pública seria de reubicación digna. Se confundió resistencia con permanencia. Se tergiversó el derecho a la tierra con el derecho a cualquier tierra, sin importar el riesgo o la sostenibilidad. Se legalizó no porque se pudiera vivir allí, sino porque se quería evitar el escándalo, apaciguar la presión, y ganar aplausos.
Este no es un ataque contra quienes luchan por el derecho a la tierra. Todo lo contrario. Es un llamado urgente a recuperar el sentido de esa lucha. Porque cuando se defiende la tierra sin garantizar primero el derecho a la vida, se está haciendo política con los muertos. Y cuando el territorio se convierte en símbolo, se olvida a la gente real, la que duerme con miedo, la que vive al borde del abismo.
Granizal necesita justicia, sí, pero no la de los papeles firmados en oficinas ajenas al barro. Necesita una justicia con memoria, con responsabilidad, que reconozca que, en el afán de hacer el bien, se terminó haciendo daño. Y que otros, sabiendo del daño, se callaron porque la narrativa de la victoria era más cómoda que la de la verdad.
Es una vereda que está ubicada en un cerro compartido por Medellín y Bello, dos municipios que no terminan de ponerse de acuerdo sobre su gobernanza. Esa dualidad administrativa es apenas el comienzo del absurdo. En nombre de los derechos humanos se ha cometido allí una de las más graves irresponsabilidades del urbanismo colombiano: legalizar lo inhabitable.
Uno de los actores que ha facilitado esta ficción es EPM. La empresa ha llevado energía eléctrica a barrios marginales como si eso confirmara que allí se puede vivir. Pero no lo hace por vocación social: lo hace porque es un negocio. Conectar a los más pobres también genera ingresos y utilidades. La energía, en este caso, no ilumina el progreso: ilumina el riesgo. Con voltaje se legaliza lo ilegalizable.
Granizal no puede seguir siendo exhibida como un caso exitoso de movilización. Es un error colectivo, un fracaso técnico y una herida social. Los alcaldes de Colombia no deberían ceder a presiones —por legítimas que parezcan— si eso implica poner vidas en peligro. No se puede legalizar lo insalvable.
La verdadera política social no está en complacer, sino en proteger. Implica decir no, incluso cuando ese no incomoda. Lo fácil es ceder; lo difícil —y lo correcto— es prevenir tragedias futuras.
Mientras se redactan planes desde escritorios lejanos, la vida allí se deteriora. La seguridad humana está en deuda: en lo físico, lo alimentario, lo ambiental y lo político. No es solo una emergencia social. Es una crisis ética. Y su nombre es Granizal.
