Hay situaciones que nos obligan a confrontarnos con nosotros mismos, y que generan tensión y conflicto interno. Esto me ha sucedido con el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El abogado y el católico, el ciudadano y el creyente que viven en mi se enfrentan tratando de resolver lo jurídico, pero respetando los valores y creencias católicas. Llegué a la conclusión de que no es posible siempre armonizarlos y que la mejor forma de manejar emociones es primero dejar que el ciudadano y el abogado se manifiesten; el creyente tendrá que esperar. Hoy es el momento de la indignación ciudadana, del demandar sanciones ejemplares para el sicario y de rechazar la complicidad del gobierno.
El asesino debería ser juzgado como adulto y aplicársele todo el peso de la ley. Basta ya de excusar a los delincuentes con la pobreza y la falta de oportunidades. Hay países con extrema pobreza que no tienen estos problemas. A diferencia de otros tipos penales, como por ejemplo el fraude, el homicidio está inscrito en nuestra sique, en nuestra conciencia y no necesita ser procesado intelectualmente, es norma de derecho natural. Hasta un niño sabe y entiende que matar es un delito muy grave, y ni que decir un sicario de catorce años.
Hoy es necesario señalar el fracaso del programa para los jóvenes del gobierno. Creo, según dicen algunos medios, que el joven era beneficiario del programa te pago para que no mates. Siguen asesinando y siguen cobrando el cheque del gobierno. ¡Háganme el bendito favor!
La parte más grave de todo esto es un presidente que a lo largo de su mandato ha abusado de su investidura para instrumentalizar al estado y ponerlo al servicio de los delincuentes. Hoy en Colombia los delincuentes tienen todos los derechos del mundo a expensas de los ciudadanos de bien; la supuesta pobreza los hizo inimputables. El sicario de Uribe atentó contra el derecho más fundamental de otro, la vida, y en vez de ser sancionado es premiado junto con su familia.
Lo que hace Petro atenta gravemente contra la Carta Fundamental y le quita razón de ser al estado. Cuando el derecho deja de ser un ordenamiento social y por tanto es imposible buscar el bien común, el estado de derecho no existe. Si el estado no me “venga” y me hace justicia, ¿entonces para qué el estado? Mi experiencia me ha llevado al convencimiento de que sancionar al delincuente es condición necesaria para preservar el orden social. En este caso específico, la edad del sicario no puede ser causal de exculpación. Este asesino tenía la plena capacidad para comprender lo que iba a hacer y las posibles sanciones a las que se exponía; es más imputable que Petro en razón de su estado mental. Entre otras cosas, la falta de una sanción ejemplar, abre la puerta al reclutamiento de menores para crímenes atroces, tal cual ocurrió en la época de Escobar y como actualmente hace la guerrilla; esta última los utiliza también como escudos humanos.
Es imperativo denunciar que lo sucedido es consecuencia directa de la retórica venenosa que Petro contra la oposición, contra los empresarios y contra las instituciones. Irresponsablemente, Petro ha colocado en peligro la vida de muchísimas personas, y si hay alguien que ha envenenado la mente y el corazón de “estos jóvenes vulnerables”, ese ha sido Petro. Si un sicario le disparó a Uribe Turbay, esto solo lo ocurrió después del asesinato moral a manos de Petro. La retórica de Petro ha deshumanizado a sus contradictores, logrando que se legitime la eliminación física; matarlos es un deber.
Al mejor estilo de Escobar, Petro quiere arrodillar al país decente con muertos y terrorismo. No lo logrará; Colombia entera debe levantarse para que Petro se vaya ya por las buenas o por las malas.
