La naturaleza ha comenzado a enviar mensajes que reflejan la gravedad de nuestro impacto en el planeta. Las inundaciones en los departamentos de Chocó y La Guajira, los deslizamientos en Medellín, entre otros desastres, evidencian un desequilibrio ambiental que es resultado directo de la actividad humana. Sin embargo, en lugar de atender las causas profundas de estos problemas, seguimos optando por soluciones superficiales.
En el caso del Chocó, desde la Gobernación afirman que la respuesta está en dragar los ríos. No obstante, considero que esta medida es insuficiente; la raíz del problema radica en la deforestación descontrolada. La pérdida de cobertura vegetal no solo facilita el desbordamiento de los ríos, sino que también desestabiliza los suelos, aumentando el riesgo de desastres naturales. La reforestación y la protección de los ecosistemas forestales deberían ser la prioridad si realmente queremos reducir el impacto de las inundaciones en esta región.
A lo largo de mis visitas a Riosucio, en el Chocó, he presenciado de cerca la devastación de la selva. Entrando por Belén de Bajirá, es evidente cómo el paisaje se transforma: los aserraderos operan en pleno corazón de la selva, extrayendo enormes cantidades de madera que luego se destina al comercio. Esto no solo destruye el medio ambiente, sino que afecta los medios de vida y la identidad cultural de las comunidades que dependen de la selva.
La situación se agrava aún más con la intervención de grandes empresas internacionales. Por ejemplo, Colombia Hardwood explotó la madera en Bahía Solano, exportando especies valiosas como algarrobo, cedro amargo y bálsamo a China. Esta compañía operó bajo una licencia otorgada por Codechocó en 2006, que le permitió explotar durante 15 años más de cinco millones de metros cúbicos de madera. Este proyecto no fue una simple actividad comercial; involucró la explotación de recursos de gran valor, como la madera, el oro y el petróleo. En la playa de Huaca, la empresa instaló un campamento con tecnología avanzada y personal, incluyendo helicópteros, con el fin de ejecutar este ambicioso plan.
Cabe mencionar que la zona de explotación no es solo un recurso económico; se trata de un territorio que alberga a 18 comunidades negras e indígenas en Bahía Solano y Juradó, quienes dependen de sus recursos para subsistir. Aunque la empresa prometió entregar el 10% de las ganancias al Consejo Comunitario, este porcentaje no compensó la pérdida irreparable que sufrieron estos ecosistemas y las comunidades que viven en ellos.
Resulta paradójico que, mientras las leyes y resoluciones impulsadas por instituciones como Codechocó permiten la explotación, la Ley Forestal de 2005 fue rechazada por la Corte Constitucional precisamente para evitar el aprovechamiento comercial de los bosques nativos. No obstante, la licencia fue otorgada, y tanto Codechocó como el Ministerio de Medio Ambiente aplaudieron este proyecto, ignorando las advertencias sobre su impacto ambiental.
En síntesis, la selva del Chocó, con su manto de verdes profundos y sombras que esconden la vida, es mucho más que un recurso. Es un susurro antiguo que nos recuerda la interconexión de todas las cosas, un latido profundo que respira junto con nosotros. Allí, entre los árboles centenarios y los ríos caudalosos, se guardan secretos que el hombre aún no ha aprendido a descifrar. Cada árbol que cae es una herida en la memoria de la Tierra, cada río contaminado es una voz que se apaga. ¿No sentimos acaso la pérdida cuando vemos la selva morir?
Para concluir, podría afirmarse que, al otorgar estas licencias de explotación, se vende una parte fundamental del Chocó. La tala de sus selvas representa una pérdida incalculable para nuestro patrimonio natural. ¿Es este el plan del Ministerio de Medio Ambiente en su lucha contra el cambio climático? Mientras la naturaleza responde con desastres cada vez más intensos, las decisiones gubernamentales parecen alejarse de una verdadera protección ambiental. La preservación de nuestros recursos y el respeto a las comunidades deberían ser el centro de nuestras políticas ambientales.
