En la gestión de la seguridad en sus territorios, los alcaldes tienen a su disposición tres enfoques fundamentales de los cuales pueden echar mano: seguridad pública, seguridad humana y seguridad ciudadana. Cada uno ofrece herramientas y perspectivas distintas, que pueden combinarse para abordar de manera más completa los desafíos actuales de la criminalidad.
El enfoque de seguridad pública es uno de los más antiguos y su principal objetivo es proteger al Estado de amenazas, tanto internas como externas, mediante el uso de mecanismos de control y represión, como la fuerza pública, el sistema judicial y las cárceles. En este, la seguridad se entiende como la ausencia de amenazas para el Estado, y las acciones están orientadas a mantener el orden público, la soberanía y la estabilidad de las instituciones.
En ese sentido, lo pueden utilizar cuando enfrentan situaciones que requieran la defensa del orden público o la seguridad del Estado frente a amenazas como el narcotráfico, la delincuencia organizada, los conflictos internos o la violencia generalizada. En estos casos, el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública y el sistema judicial es una herramienta clave. No obstante, tiende a dejar de lado a los individuos, lo que puede llevar a una respuesta punitiva sin atender las causas de la criminalidad.
En contraste, el enfoque de seguridad humana coloca a los individuos y sus necesidades en el centro de la política de seguridad. Este busca garantizar que las personas vivan sin miedo y sin miseria ya que abarca no solo la protección contra la violencia física, sino también contra la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, la inseguridad alimentaria y otros problemas que afectan el bienestar. Es más amplio y abarca dimensiones como la seguridad económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política.
Así las cosas, permite abordar las amenazas a la seguridad desde una perspectiva más integral. Por ejemplo, si una comunidad sufre de altos índices de violencia debido a la pobreza y la exclusión social, un alcalde que adopte el enfoque de seguridad humana puede implementar programas de desarrollo económico, mejorar el acceso a la educación y garantizar servicios de salud. La idea es que, al mejorar las condiciones de vida de las personas, se reduzca la probabilidad de que estas se involucren en actividades delictivas.
Por último, la seguridad ciudadana es un enfoque que surge en América Latina como una respuesta a los regímenes autoritarios que habían privilegiado la seguridad pública por encima de los derechos individuales. Este modelo pone al ciudadano como el principal destinatario de las políticas de seguridad, buscando proteger sus derechos fundamentales y libertades. A diferencia de la seguridad pública se centra en la integridad física, la libertad de movimiento, la protección de la vida y el patrimonio de las personas.
Los alcaldes pueden utilizar este enfoque para diseñar políticas que reduzcan la violencia y el crimen, protegiendo los derechos individuales ya que suele incorporar tanto medidas preventivas como punitivas. Por ejemplo, se puede promover programas de convivencia pacífica, implementar sistemas de vigilancia en las comunidades más afectadas por el crimen y trabajar en la recuperación de espacios públicos para fomentar la seguridad. También incluye la participación ciudadana y la colaboración entre las comunidades y las fuerzas de seguridad para crear un entorno seguro para todos.
Para concluir, los burgomaestres los tienen a su disposición y pueden echar mano según las necesidades de sus territorios. La primera, es útil para mantener el orden y proteger al Estado, la segunda, aborda las causas estructurales de la inseguridad, y la última, se centra en la protección de los derechos y libertades de los individuos. Cada una tiene sus ventajas, y los alcaldes más efectivos serán aquellos que sepan combinar estas tres visiones, integrando el control y la represión cuando sea necesario, pero sin olvidar la importancia de la prevención, la inclusión social y la protección de los derechos humanos en sus políticas de seguridad.
