El Informe 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia destaca el esfuerzo del Estado por implementar las recomendaciones del Acuerdo de Paz y los avances en la reintegración de los excombatientes de las Farc.
Sin embargo, dado que han pasado casi ocho años desde la firma del Acuerdo, es evidente que la implementación de los compromisos aún enfrenta grandes desafíos, en vista de que aspectos fundamentales, como la verdad y la justicia permanecen inconclusos.
Considero que el reclamo de la sociedad colombiana no se limita a la simple reintegración de estos individuos, sino que exige una respuesta contundente: ¿Cuándo las Farc van a contar toda la verdad? Esta pregunta surge en un contexto donde los miembros de este grupo, ahora convertidos en un partido político, disfrutan de una plataforma política y ocupan escaños en el Congreso de la República, sin que se observe un compromiso real con las víctimas del conflicto.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, uno de los mecanismos centrales del Acuerdo, ha emitido recomendaciones importantes para lograr la verdad, la justicia y la no repetición. Por tanto, se esperaba un avance significativo. No obstante, el propio Alto Comisionado menciona la necesidad de seguir proporcionando asistencia técnica para implementar estas recomendaciones, lo que sugiere que el proceso aún está lejos de completarse. En tal caso, surge otro interrogante: ¿Cuántos más años debemos esperar para que las Farc, como organización, asuman su responsabilidad ante la sociedad colombiana?
Desde una perspectiva jurídica, es necesario recordar que el derecho a la verdad es un derecho fundamental. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se estableció como el órgano encargado de garantizar este derecho. Pero, la falta de celeridad y el cumplimiento incompleto alimenta la frustración de un sector de la sociedad, dado que se percibe que se ha cumplido más con las Farc que con los colombianos.
El Acuerdo fue negociado bajo la premisa de que la verdad, la justicia y la reparación serían elementos innegociables. A cambio de su desmovilización y reincorporación a la vida civil este grupo acordó contar todo sobre sus crímenes. A pesar de ello, si bien ha habido avances significativos, el ritmo de este compromiso sigue siendo insatisfactorio. De hecho, el informe señala que la Misión de Verificación de la ONU continúa supervisando el cumplimiento de estos compromisos, pero el hecho de que aún se necesite la presencia de esta misión hasta 2032 para garantizar que las Farc cumpla con su obligación pone en evidencia la debilidad del proceso.
En ese contexto, es indispensable cuestionar si el Estado está aplicando una política de equidad entre los actores del conflicto y sus víctimas. Mientras se han otorgado beneficios significativos a los excombatientes tales como su participación en la política y la reintegración a la vida civil, las víctimas aún esperan justicia y, sobre todo, la verdad. En consecuencia, esta disparidad es preocupante desde una perspectiva de derechos humanos y justicia transicional.
De ahí que se plantee la necesidad de cuestionar hasta qué punto la reincorporación de las Farc a la vida política ha sido adecuada sin un compromiso real con la verdad y la justicia. En otras palabras, el Estado parece haber cumplido con su parte, pero las Farc aún deben cumplir con la suya. Por lo tanto, el informe del Alto Comisionado deja claro que, aunque se han logrado avances importantes la paz y la justicia siguen siendo una promesa incumplida para todos los colombianos que esperamos con mucha paciencia y tragamos sapos mientras negociaban.
Para concluir, la falta de un compromiso total para revelar la verdad sumado a la incapacidad del Estado para implementar plenamente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del proceso de paz. Es hora de que cumplan de manera definitiva con su parte del pacto debido a que tienen a las víctimas de conflicto como ánimas en pena.
