Las redes que captan mujeres para explotarlas sexualmente en España se ceban cada vez más en América Latina, en especial en Colombia y Venezuela, aprovechando la necesidad económica de sus víctimas o su desesperación para huir de la violencia.
Tradicionalmente, la presencia de víctimas de Latinoamérica ha sido constante, pero se ha observado un incremento de su porcentaje respecto a otras nacionalidades en los últimos años, una problemática que corroboran organizaciones que ayudan a las víctimas, que advierte de su vulnerabilidad tanto en sus países de origen como cuando llegan a España; en su mayoría las mujeres tienen entre 28 y 32 años y son de Colombia, Venezuela y Paraguay.
La Policía y la Guardia Civil españolas liberaron a casi trescientas víctimas de estas redes el año pasado, más de un tercio de ellas de Colombia, 137, seguidas de Venezuela, 44 y Paraguay con 32, pero también de Brasil, 10; República Dominicana, 9; Uruguay, 3 y Cuba con 3; Argentina, 2 y Perú con 1.
España es el país de referencia en cualquier proyecto migratorio desde los países de habla hispana, por los lazos con América Latina y por factores como las numerosas comunidades de dichas nacionalidades ya asentadas en el país y por la facilidad de comunicarse con un lenguaje español.
En este caso se suma la situación en los países de origen ligada a un empeoramiento de las condiciones de vida por cuestiones económicas o de seguridad. Esta situación suele ser aprovechada por las redes de trata, utilizando el engaño respecto a la actividad a realizar en España o sus condiciones reales, así como la situación de necesidad extrema de las víctimas potenciales. Muchas llegan con el gancho de empleos como el servicio doméstico, pero acaban en burdeles al reclamar estas mafias una supuesta deuda por haberlas traído a España, que nunca se termina de pagar.
Ya en España sufren una especial vulnerabilidad incluso en el sistema de acogida y en el caso de Colombia, solo un 4,5 por ciento de quienes solicitaron el año pasado protección internacional, como el asilo, lo lograron; por ello se advierte también del riesgo de que caigan en estas redes, que las van a buscar a centros de inmigrantes, donde la labor de estas organizaciones es determinante, pues muchas están en situación irregular en España y temen recurrir a la Policía.
Lo más sano e ideal es brindar asesoría a estas mujeres estafadas por necesidad; que reciban un acompañamiento para que denuncien sin ningún riesgo para sus vidas; prestar asistencia jurídica y psicológica, apoyar en la busca de empleo o alojamiento y hasta colaborar en los trámites burocráticos, con las embajadas respectivas, para combatir este delito con todas las herramientas posibles.
Se necesitan alternativas para insertarse en el país de acogida pues el retorno voluntario es minoritario, llegan engañadas con promesas de ganar mucho dinero y se quedan en España para ayudar a su familia; igualmente es indispensables que las víctimas dispongan de un amplio abanico de derechos para garantizar su protección y la recuperación tras la explotación, con asistencia jurídica gratuita, acceso al sistema público de salud y permiso de residencia y trabajo excepcionales si están en situación irregular.
Las fuerzas de seguridad españolas colaboran con organizaciones sociales que asisten a las víctimas y con organismos internacionales como Interpol y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, incluidos equipos conjuntos de investigación con las autoridades de los países de origen, donde dan protección también a sus familias. Este punto es de vital importancia, ya que la unión de las autoridades respectivas, sin lugar a dudas, asegura un éxito total.
