El Ejecutivo advierte que la decisión de la Corte Constitucional de frenar el Decreto 1390 agravará la crisis fiscal. Mientras el presidente Petro defiende la legalidad de las medidas ya dictadas, los ministros del Interior y Trabajo aseguran que la suspensión pone en riesgo la sostenibilidad social y el recaudo de $16.3 billones de pesos.
Tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la declaratoria de Emergencia Económica y Social, el presidente Gustavo Petro declaró en su red social X que esta acción agravaría la crisis fiscal y sus consecuencias.
"Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor; intentarán en el nuevo Congreso que el pago de la crisis sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo", afirmó el mandatario.
Petro agregó que, a pesar de la suspensión del decreto a partir de la fecha, los decretos derivados emitidos durante su vigencia gozaron de presunción de legalidad.
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Críticas desde el gabinete
A estas críticas se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que la emisión del decreto no solo se basaba en el déficit fiscal del país, sino también en un elevado nivel de riesgo que impacta directamente la capacidad de pago de la deuda pública y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
“El levantamiento de la emergencia económica termina generando una emergencia social. Esta decisión protege a los sectores más ricos y bloquea recursos que podían destinarse a la población que más los necesita", manifestó Benedetti.
;Se suspende a partir de la fecha , pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad https://t.co/nlMVJwDjZh
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expresó que la suspensión produce un efecto principalmente prospectivo. Esto significa que, si bien se impide la expedición de nuevas medidas legislativas extraordinarias, no se borran retroactivamente las disposiciones ya dictadas, las cuales seguirán vigentes hasta que la Corte adopte una decisión definitiva sobre cada una.
Esta declaratoria, efectuada en el decreto 1390 del 2025 el pasado 22 de diciembre, se determinaba por un término de 30 días calendario, y posteriormente se emitieron los decretos con los nuevos impuestos, entre esos, el aumento al 19% del tabaco y licores, asimismo del impuesto al patrimonio entre el 0.5 y 2%, con los que aspiraba recaudar $16.3 billones de pesos.
