Un estudio de la Contraloría General de la República revela que la mayoría de las universidades públicas del país dependen de recursos estatales para subsistir y enfrentan serias presiones estructurales que comprometen su estabilidad a largo plazo.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación financiera de la educación superior pública en Colombia, tras publicar el estudio “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas”, un análisis que evalúa el estado presupuestal y operativo de las 34 universidades públicas del país.
De acuerdo con el informe, solo una institución logra ser financieramente autosostenible, mientras que el 97 % de las universidades no consigue sostener su operación con recursos propios, lo que evidencia una alta dependencia de los aportes estatales.
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Alta dependencia de recursos nacionales
El estudio señala que el 50,1 % de los ingresos de las universidades públicas proviene de transferencias del orden nacional, una condición que limita la planeación de largo plazo y profundiza las brechas entre regiones.
Esta dependencia se refleja en una distribución desigual de los recursos. Instituciones como la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran cerca del 48 % de los ingresos nacionales y el 37 % de los territoriales, situación que impacta negativamente los principios de equidad del gasto público.
Las diferencias también se evidencian en los ingresos por estudiante, que oscilan entre más de $11 millones en la UNAL y poco más de $500 mil en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4,5 millones en el período analizado.
Concentración del gasto y presión operativa
En materia de gastos, el informe confirma que las universidades con mayor cobertura académica concentran una parte significativa de los costos del sistema. A nivel nacional, la UNAL y la UNAD representan más del 36 % del gasto total, mientras que en el orden territorial la UdeA y Univalle concentran cerca del 44 % de los costos.
Este panorama confirma el alto peso financiero que recae sobre las instituciones más grandes, que además de atender un mayor número de estudiantes, asumen mayores responsabilidades misionales en docencia, investigación y extensión.
Solvencia desigual y endeudamiento controlado
Aunque el análisis de solvencia muestra que el 75,8 % de las universidades cuenta con indicadores adecuados para respaldar sus obligaciones financieras, casi una cuarta parte presenta niveles inferiores, lo que reduce su margen de maniobra.
En términos de endeudamiento, el informe destaca que el 24,2 % de las universidades mantiene niveles inferiores al 10 %, lo que refleja una gestión prudente del apalancamiento financiero, aunque insuficiente para compensar las debilidades estructurales del sistema.
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El pasivo pensional, la mayor carga
Uno de los hallazgos más críticos del estudio es el pasivo pensional, que asciende a $10,3 billones en 2024, consolidándose como la principal presión estructural sobre las universidades públicas.
Esta carga se concentra principalmente en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan cerca del 58 % del total del pasivo pensional. Según la Contraloría, esta situación desvía recursos que podrían destinarse a infraestructura, docencia y expansión institucional.
Retos para la reforma y la gratuidad
El informe también analiza el impacto fiscal de la reforma a la Ley 30 de 1992, destacando diferencias entre las proyecciones del Ministerio de Educación y las estimaciones de la Contraloría, que calcula un impacto de $27,8 billones en el mediano plazo.
Aunque el órgano de control reconoce que la reforma avanza hacia la gratuidad y niveles de financiación comparables con los países de la OCDE, insiste en que cualquier incremento debe estar respaldado por fuentes claras, sostenibles y verificables.
Una desfinanciación estructural
En conclusión, la Contraloría advierte que la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad de la mayoría de las universidades del país.
El informe plantea la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso, ajustar los aportes estatales a los costos reales del sector y proteger los recursos misionales frente a la carga pensional, como parte de una reflexión de política pública orientada a garantizar la estabilidad y el fortalecimiento del sistema universitario público colombiano.
