El ente de control reiteró su advertencia a la Supersalud y extendió el llamado al Ministerio de Salud, al advertir un deterioro creciente en el flujo de recursos que amenaza la sostenibilidad del sistema y la atención en cientos de municipios.
La Contraloría General de la República encendió nuevamente las alarmas sobre la situación financiera del sistema de salud en Colombia, al advertir que el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria no solo sigue en riesgo, sino que se ha deteriorado de forma más profunda desde la advertencia inicial emitida en 2023.
Tras revisar las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado (ESE), el organismo de control concluyó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes, lo que ha derivado en una creciente asfixia financiera para los hospitales públicos del país.
Deuda en aumento pese a mayor giro de recursos
Uno de los puntos más preocupantes señalados por la Contraloría es que, aunque el giro directo de la ADRES aumentó un 27,2%, la deuda de la red pública hospitalaria creció de manera acelerada. En solo nueve meses, pasó de $12,5 billones a $16,28 billones, evidenciando que el incremento en los recursos no se ha traducido en una mejora real en la liquidez de los hospitales.
El informe también advierte una concentración del flujo de recursos hacia los prestadores privados, que reciben cerca del 80% de los pagos, mientras que la red pública apenas accede a un 20%, una distribución que profundiza las desigualdades dentro del sistema.
Impacto directo en la atención en regiones apartadas
La Contraloría subrayó que la situación es especialmente grave para los hospitales públicos, responsables de la atención en más de 600 municipios, muchos de ellos ubicados en zonas rurales y apartadas, donde estas instituciones representan el único acceso a servicios de salud.
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La falta de pagos oportunos, parciales o inexistentes por parte de las EPS —incluidas las intervenidas— ha afectado la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios, comprometiendo la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
Cartera hospitalaria y caída en los pagos
De acuerdo con cifras de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42% entre 2024 y 2025, pasando de $4,5 billones a $6,4 billones. Esta brecha entre lo facturado y lo pagado ha debilitado la capacidad operativa de los hospitales.
En 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y solo recibieron el 84% de esos recursos. Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: los pagos cayeron al 77%, una reducción de siete puntos porcentuales en la oportunidad de pago.
Reducción de pagos en todos los niveles de complejidad
El deterioro financiero impacta a toda la red hospitalaria pública. En los hospitales de nivel I, los pagos bajaron del 85% al 81%; en los de nivel II, del 80% al 74%, siendo el nivel más afectado; y en los de nivel III, del 87% al 76%, comprometiendo instituciones de alta complejidad y alto costo.
Para la Contraloría, estas cifras reflejan un riesgo estructural que puede derivar en desfinanciamiento institucional y mayores presiones fiscales futuras para el Estado.
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Llamado urgente al Ministerio y a la Supersalud
Ante este panorama, el ente de control decidió ampliar la advertencia al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la problemática compromete directamente al rector del sistema, responsable del diseño y supervisión de los mecanismos de financiación.
Asimismo, reiteró su preocupación por la Nueva EPS, que no ha presentado estados financieros desde 2023, pese a los requerimientos del órgano de control. La Contraloría indicó que existen recursos de presupuestos máximos disponibles para ser girados a las IPS, cuya aplicación inmediata podría aliviar la situación, especialmente en hospitales de baja complejidad.
Riesgo de colapso del sistema
Finalmente, la Contraloría instó a la Supersalud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen el flujo oportuno de recursos hacia la red pública hospitalaria, advirtiendo que la inacción podría derivar en un colapso del sistema y poner en riesgo el derecho a la salud de millones de colombianos.
