El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo vital para el próximo año generó respaldo desde las centrales obreras y fuertes cuestionamientos desde gremios empresariales y líderes de oposición.
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el nuevo salario mínimo para 2026, que alcanzará los 2 millones de pesos mensuales incluyendo el auxilio de transporte, provocó una ola de reacciones encontradas en el panorama político, sindical y empresarial del país.
Desde el Gobierno Nacional y las centrales obreras, el incremento —que representa un aumento cercano al 23 % frente al salario vigente— fue presentado como un avance hacia el concepto de salario vital, orientado a garantizar condiciones mínimas de vida digna para los trabajadores colombianos.
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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó la decisión como un hecho histórico. Su presidente, Fabio Arias, sostuvo que el aumento no necesariamente impulsará la inflación y, por el contrario, podría dinamizar el consumo interno y fortalecer la economía. Argumentó que existen mecanismos de control que evitan una indexación generalizada de precios y destacó el comportamiento reciente del empleo y la productividad.
En la misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el ajuste responde al alto costo de la canasta familiar y defendió el concepto de salario vital como una herramienta para mejorar el bienestar de los hogares. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que desde la Constitución de 1991 no se había aplicado de forma clara este principio y aseguró que fue una prioridad del Gobierno llevarlo a la mesa de concertación.
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No obstante, desde sectores empresariales y de oposición surgieron fuertes críticas. Varios dirigentes advirtieron que un incremento de esta magnitud podría aumentar la informalidad laboral, presionar la inflación y afectar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa alertó que solo una parte de los trabajadores se beneficiaría directamente, mientras que el alza en costos podría traducirse en menos empleo formal. Opinión similar expresó la representante Carolina Arbeláez, quien calificó la medida como populista y advirtió impactos negativos sobre la estabilidad laboral.
Desde el Centro Democrático, congresistas como Hernán Cadavid y Juan Espinal manifestaron preocupación por la sostenibilidad del empleo y señalaron que el aumento, sumado a recargos y cargas parafiscales, podría hacer inviable la contratación formal. En tanto, la exalcaldesa Claudia López aseguró que la mayoría de los trabajadores informales no se verían beneficiados y sí enfrentarían mayores costos de vida.
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El Gobierno, sin embargo, insiste en que el ajuste responde a una política progresiva y constitucionalmente sustentada, que busca cerrar brechas sociales sin generar desequilibrios abruptos en la economía.
El debate continúa abierto y el salario mínimo para 2026 se perfila como uno de los temas centrales de discusión económica y política de cara al próximo año electoral.
