El Gobierno de Gustavo Petro sancionó la ley que permite el divorcio unilateral en Colombia, facilitando la separación de parejas sin necesidad de demostrar causas como infidelidad o violencia.
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2442 del 27 de diciembre de 2024, conocida como la “ley de divorcio libre” o “ley de divorcio unilateral” en Colombia. Esta nueva legislación introduce cambios significativos en el proceso de divorcio en el país.
La nueva normativa permite que una de las partes solicite el divorcio sin necesidad del consentimiento del cónyuge. Esta medida busca modernizar el sistema jurídico y garantizar los derechos individuales.
Principales aspectos de la ley
Nueva causal de divorcio: La ley agrega un numeral al artículo 154 del Código Civil, estableciendo “la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges” como una nueva causal de divorcio.
Proceso simplificado: Cualquiera de los cónyuges puede presentar la demanda de divorcio en cualquier momento, acompañada de una propuesta que contenga las medidas para regular los efectos derivados del mismo.
Sin necesidad de justificación: Ya no es necesario demostrar causales específicas como violencia intrafamiliar, alcoholismo o dos años de no convivencia para solicitar el divorcio.
Protección de derechos: La ley mantiene las garantías en términos de repartición de bienes, protección al cónyuge y a los hijos.
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Implicaciones y beneficios
Combate a la violencia intrafamiliar: Se considera una herramienta para combatir la violencia doméstica, al facilitar la salida de relaciones problemáticas.
Respeto a la decisión individual: La ley reconoce que si el amor se acaba y hay una decisión tomada por alguna de las personas, debe ser respetada.
Agilización del proceso: El trámite de divorcio se simplifica, permitiendo una resolución más rápida de las situaciones matrimoniales.
Obligaciones alimentarias: Se mantiene la obligación de alimentos para el cónyuge que carezca de medios para la subsistencia, siempre que no contraiga un nuevo vínculo matrimonial o unión marital de hecho.

Aprobación histórica en el Congreso
El Congreso de Colombia aprobó la ley de divorcio unilateral el pasado 3 de enero de 2025, un proyecto que llevaba años en discusión. Con esta normativa, una persona podrá solicitar el divorcio sin que sea necesario el acuerdo mutuo o la demostración de una causal específica. La ley tiene como objetivo principal garantizar la autonomía personal y reducir los conflictos legales derivados de procesos de separación prolongados.
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¿Qué establece la ley?
La ley contempla que cualquiera de los cónyuges pueda solicitar el divorcio ante un juez, sin importar si la otra parte está de acuerdo o no. Esto elimina la necesidad de justificar la decisión con causales como infidelidad o abandono.
El trámite podrá realizarse de manera judicial o notarial y se incluirán garantías para proteger los derechos de los hijos menores de edad y los bienes adquiridos durante el matrimonio.
Impacto social y legal
El divorcio unilateral busca evitar que las personas queden atrapadas en relaciones insostenibles por el desacuerdo de una de las partes, una problemática que afectaba especialmente a mujeres en situaciones de violencia o dependencia económica.
La ley brinda una salida digna y justa para quienes ya no desean seguir casados, sin exponerlos a procesos judiciales prolongados y desgastantes”, explicó María López, abogada especialista en derecho de familia.

Críticas y respaldo
Aunque la aprobación de la ley ha sido celebrada por sectores que promueven los derechos individuales, también ha generado críticas por parte de grupos conservadores, que consideran que podría debilitar el concepto de matrimonio como institución.
“Esta ley fomenta la desintegración familiar y facilita decisiones impulsivas”, expresó Juan Manuel Cortés, líder de un colectivo en defensa de la familia tradicional.
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Un cambio necesario
Con esta reforma, Colombia se suma a países como España, México y Argentina, donde ya existe la posibilidad de divorcio unilateral; la ley entrará en vigencia y el Gobierno planea realizar campañas informativas para explicar los detalles del proceso.
Esta medida representa un cambio profundo en la manera en que el país aborda los conflictos familiares, fortaleciendo la idea de que el matrimonio debe ser una decisión basada en el consentimiento y no una imposición legal.