Se prevé que para los próximos meses las inversiones inmobiliarias aumenten dependiendo al alza del Índice de precios al consumidor (IPC) en la ciudad de Santa Marta, por la temporada alta de turismo.
Por: Juan Mozo De Lima
Redacción: EL INFORMADOR
Para el 2025, se espera que el Índice de precios al consumidor de 2024 cierre en un rango entre el 5% y el 6%, lo que significa que los arriendos podrían aumentar en esa proporción, una cifra que es considerablemente más baja que el 7.78% registrado en 2024.
Santa Marta se ha consolidado como la ciudad líder en Colombia en la venta de inmuebles destinados al turismo, destacándose entre los destinos más atractivos tanto para inversionistas nacionales como internacionales; su ubicación frente al mar Caribe, tiene una variedad de playas, paisajes naturales, cultura y gastronomía, la ha convertido en un referente turístico y en un destino ideal para la inversión inmobiliaria.
De acuerdo con datos de la Coordenada Urbana de Camacol, la venta de viviendas no VIS (viviendas de interés social) en la ciudad creció un 24% en el último año, lo que refuerza su posición como la ciudad con mayor dinamismo inmobiliario de Colombia.
La proyección de Camacol es que en los próximos meses se lancen al mercado más de 3.000 nuevas unidades habitacionales con un enfoque turístico, lo que continúa posicionando a Santa Marta como un destino consolidado en el radar de los inversionistas.
Este crecimiento no solo refleja el interés por el turismo, sino también el reconocimiento de la ciudad como un lugar con un gran potencial de revalorización, tanto en el corto como en el largo plazo.
Santa Marta está dejando de ser solo una ciudad emergente y se está afianzando como un lugar de alto interés para quienes buscan tanto disfrutar de su belleza natural como realizar inversiones con altos rendimientos futuros.
Sin embargo, este rápido crecimiento viene acompañado de retos importantes. Para alcanzar su máximo potencial, Santa Marta debe enfrentar desafíos en términos de infraestructura y organización.
El desarrollo urbanístico debe estar alineado con la solución de problemas históricos, como el transporte, la movilidad, la gestión de residuos y la oferta de servicios públicos, para garantizar que el crecimiento sea sostenible y beneficie tanto a los residentes permanentes como a los turistas y propietarios de inmuebles; asegurar la calidad de vida y las condiciones óptimas de infraestructura será clave para mantener el atractivo de la ciudad como destino turístico e inmobiliario.
Le puede interesar: Los seguros inmobiliarios: Una necesidad para todos
Aumento del IPC y el arriendo en Colombia
Por otro lado, uno de los cambios que afectará a los colombianos en 2025 será el aumento en los arriendos, regulado por la Ley 820 de 2003. Según esta normativa, el incremento máximo permitido para los cánones de arrendamiento está determinado por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del año anterior.
Este ajuste refleja una disminución en la inflación en comparación con el año pasado, aunque sigue siendo relevante para aquellos que viven en alquiler en las principales ciudades del país, como Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Medellín y Armenia, donde el IPC ha superado el 5% en lo que va del 2024. El 8 de enero de 2025, el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) publicará la cifra oficial del IPC de 2024, la cual será la base para definir cuánto podrán aumentar los arriendos
La Ley 820 de 2003 establece que este aumento solo podrá aplicarse cuando hayan pasado al menos 12 meses desde el último ajuste o cuando se renueve el contrato de arrendamiento.
Es importante resaltar que el incremento no podrá aplicarse al inicio del año, sino solo cuando sea la renovación del contrato. Además, el arrendador puede acordar con el arrendatario un incremento inferior al IPC, lo que podría aliviar el impacto del aumento para los inquilinos.
La Ley 820 de 2003 también contempla diferentes escenarios según la fecha de firma del contrato de arrendamiento. Para los contratos firmados después del 10 de julio de 2003, el aumento máximo permitido será el IPC del año anterior, lo que significa que si un contrato fue firmado en julio de 2023, el ajuste se aplicará en julio de 2025.
Para los contratos anteriores a esta fecha, el aumento no podrá superar la meta de inflación que fije el Banco de la República, que para 2024 ha sido establecida en un 3%. Por ejemplo, si un contrato con un valor de $2.500.000 se renueva en junio de 2025, el incremento máximo será de $75.000, lo que llevaría el valor total del arrendamiento a $2.575.000.
Le puede interesar: Santa Marta opta por arrendar en lugar de comprar viviendas
¿Qué pasa si se cancela el contrato antes de terminarlo?
Entre los puntos destacados de la Ley 820, se encuentran varias regulaciones que protegen tanto a arrendadores como a arrendatarios; el contrato de arrendamiento debe especificar claramente la fecha de renovación, ya sea a 6 o 12 meses, para que ambas partes estén al tanto de cuándo se aplicará el aumento; además, si alguna de las partes desea terminar el contrato antes de lo previsto, se deberá pagar la penalidad que establece la ley, en caso de no renovar el contrato, tanto el arrendador como el arrendatario deberán notificar la intención de no renovar con al menos tres meses de antelación, para evitar penalizaciones.
La ley también contempla situaciones que permiten la terminación unilateral del contrato si el arrendatario no cumple con sus obligaciones, como el pago de los servicios públicos o el canon de arrendamiento, o si realiza cambios no autorizados en el inmueble o subarrienda sin permiso. Por su parte, si el arrendador no cumple con las condiciones acordadas, como no proporcionar los servicios públicos necesarios o no realizar los pagos estipulados, el arrendatario puede dar por terminado el contrato.
¿Dónde aplica el aumento del IPC en inmuebles?
Es importante señalar que el aumento de los arriendos en 2025 solo aplicará para inmuebles residenciales. Inmuebles comerciales como bodegas, oficinas y locales están regulados por el Código de Comercio y no se verán afectados por esta normativa.
De acuerdo con la última Encuesta de Calidad de Vida del Dane, de los 18 millones de hogares en Colombia, más de 7 millones (el 40.3%) viven en arriendo, esta cifra ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, en parte debido a los efectos de la pandemia y los cambios económicos asociados, así como a un cambio demográfico en las preferencias de los hogares; en particular, las grandes ciudades han experimentado un crecimiento en la demanda de viviendas de alquiler, impulsado también por opciones más flexibles como las rentas cortas y la preferencia por ubicaciones más cercanas a los centros urbanos, especialmente para hogares unipersonales.
El mercado de arrendamientos en Colombia mueve alrededor de $55 billones anuales, según Fedelonjas, y aunque ha mostrado un crecimiento constante desde 2019, la informalidad sigue siendo un problema significativo. De cada 100 contratos de arrendamiento, 57 son verbales, lo que hace más difícil garantizar los derechos de las partes involucradas.
Entre enero y noviembre de 2024, se registraron 81 millones de búsquedas de inmuebles en alquiler, siendo los apartamentos los más solicitados (79%), seguidos por las casas (11%). Las propiedades de entre 50 y 100 m2 fueron las más buscadas, seguidas por aquellas de menos de 50 m2.
En cuanto a la antigüedad, los colombianos prefieren inmuebles de 0 a 5 años (30%), aunque las propiedades de más de 20 años también tienen una buena demanda (25%).
Las principales ciudades donde más se busca arriendo son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira, que concentran más del 77% de las búsquedas. Este fenómeno refleja la creciente demanda de vivienda en alquiler, especialmente en áreas urbanas de alto crecimiento.
