La congresista expuso maltratos y presiones internas, mientras avanza investigación fiscal por presunto detrimento durante su gestión en la Essmar.
La congresista del Magdalena, ‘Ingrid Johana Aguirre Juvinao’, volvió al centro del debate público tras divulgar un comunicado en el que explicó las razones de su renuncia al movimiento ‘Fuerza Ciudadana’, ocurrida el 29 de octubre de 2025. Según su denuncia, fue víctima de un patrón sistemático de violencia política que incluyó maltratos, humillaciones, presiones para abandonar su curul y la aplicación de pruebas de polígrafo para “demostrar lealtad”.
En el documento, titulado “No callaré más, frente a la violencia política de Fuerza Ciudadana”, la congresista aseguró que estas prácticas, que atribuye a directrices del entorno del exgobernador ‘Carlos Caicedo’, hicieron inviable su permanencia en la colectividad. También afirmó haber sido revictimizada en escenarios públicos y mediáticos, y sostuvo que incluso se vulneró la honra de su familia.
No callaré más, me fui por maltrato, humillaciones y pruebas de polígrafos.
— Ingrid Aguirre (@ingridaguirre11) January 23, 2026
Ha sido el mismo movimiento político a través de su gerente liquidadora Adriana Trujillo, quien con sus agresiones sistemáticas, ordenadas por Carlos Caicedo, me ha llevado a contar las razones por las… pic.twitter.com/5gwekWXKzd
Las declaraciones de ‘Aguirre’ se suman a otros testimonios recientes de mujeres que han denunciado presuntas presiones indebidas y conductas abusivas dentro del movimiento político. Ante estos señalamientos, la Defensoría del Pueblo solicitó celeridad en las investigaciones y la Procuraduría General anunció la apertura de actuaciones preliminares.
No obstante, el debate alrededor de la congresista también está marcado por un proceso distinto: una investigación de responsabilidad fiscal adelantada por la Contraloría Distrital de Santa Marta por hechos ocurridos durante su gestión como gerente de la Essmaer E.S.P. En noviembre de 2025, el ente de control profirió un fallo de primera instancia que declaró un presunto detrimento patrimonial superior a los $42 mil millones, decisión que aún no está en firme.
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El organismo de control señaló que la reducción tarifaria aprobada en 2019, sin los estudios técnicos requeridos, afectó gravemente la sostenibilidad financiera de la empresa. Por estos hechos, ‘Aguirre’ fue vinculada junto a otros exfuncionarios distritales, en un proceso que continúa en curso.
Así, mientras la congresista insiste en que su salida de ‘Fuerza Ciudadana’ obedeció a violencia política y de género, su nombre permanece en el foco público por las responsabilidades administrativas y fiscales que aún deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.
