La Fiscalía desmanteló una red que habría transportado de manera irregular a más de 200 personas, muchas de ellas abandonadas en la frontera con Ecuador.
Una red dedicada al transporte ilegal de migrantes fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación, en un operativo conjunto con la Dijin de la Policía Nacional, tras una investigación que se extendió por cerca de año y medio.
Según las autoridades, los implicados se hacían pasar por representantes de agencias de viajes y ofrecían paquetes a ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, con la promesa de llevarlos desde Norte de Santander hacia Ecuador, Perú, Chile y la región de Urabá.
La investigación estableció que los migrantes eran captados en zonas cercanas a la terminal de transportes de Cúcuta y en municipios como Pamplonita y Los Patios, donde eran convencidos de adquirir supuestos planes de viaje que incluían transporte terrestre, alojamiento, alimentación y otros servicios.
Paquetes engañosos y abandono en frontera
De acuerdo con la Fiscalía, los paquetes vendidos también ofrecían chips para llamadas, acompañamiento de guías y documentos que supuestamente permitían evadir los controles migratorios y policiales. Sin embargo, dichos papeles carecían de validez legal, pues eran falsos o estaban vencidos.
En al menos seis eventos documentados, la red habría movilizado a 222 personas, entre ellas 27 menores de edad. Muchas de las víctimas fueron dejadas abandonadas en zonas cercanas a la frontera con Ecuador, sin que se cumpliera ni siquiera la mitad del recorrido que les habían prometido.
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Esta situación dejó a decenas de migrantes en condiciones de alta vulnerabilidad, expuestos a riesgos humanitarios y sin recursos para continuar su trayecto.
Judicialización y medidas de aseguramiento
Por estos hechos, las autoridades capturaron a seis presuntos integrantes de la estructura delincuencial: Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. Tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco de los procesados, mientras que uno de ellos deberá cumplir detención domiciliaria.
La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en esta red y establecer el alcance total de las actividades ilícitas.
