El concejal de Bogotá Daniel Briceño criticó la ética del abogado del presidente por mantener estos contratos millonarios con el Estado.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño, afiliado al partido Centro Democrático, ha hecho una seria acusación contra el abogado Héctor Alfonso Carvajal, quien está a cargo de la defensa del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Briceño afirmó que Carvajal posee varios contratos con entidades estatales que en conjunto suman $735.683.000, lo cual ha generado preocupaciones acerca de un potencial conflicto de intereses.
Briceño hizo la denuncia pública a través de su cuenta en la red social mencionada, donde escribió: "La persona que solicitó la anulación del proceso que investiga la campaña presidencial ha obtenido contratos por un total de $735.683.000 de diferentes entidades bajo el gobierno de Petro. Es una coincidencia significativa".
Carvajal es un destacado abogado colombiano, reconocido por su cercanía al gobierno y considerado para la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación por el presidente Petro, aunque su edad, 68 años, limitó sus posibilidades de selección.
El concejal adjuntó copias de los contratos en cuestión: uno por 192 millones de pesos con el Fondo Nacional del Ahorro, otro por 203 millones con la misma entidad, uno más por 175 millones con Colpensiones, y otro por más de 164 millones con Colombia Compra Eficiente.
Briceño, quien considera este hecho éticamente cuestionable, ha solicitado la renuncia del abogado. "Lo mínimo que el Dr. Carvajal debería hacer es renunciar a sus contratos con el gobierno mientras defiende al Presidente Petro", expresó.
En su denuncia, Briceño proporcionó detalles sobre los contratos en los cuales el abogado Carvajal presta servicios de asesoría jurídica a varias entidades.
Esta revelación ha suscitado un intenso debate sobre la independencia de la defensa del presidente y la posible incompatibilidad de los contratos de Carvajal con el Gobierno.
La senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, replicó los comentarios en redes sociales y planteó interrogantes sobre si la defensa del presidente está siendo financiada por el Estado: "¿No paga siquiera su propio abogado?". Estas afirmaciones han impulsado el debate sobre la relación entre los contratos de Carvajal y su papel como defensor del presidente.
