El Ministerio de Justicia entregó y puso en funcionamiento 3 pabellones de 170 cupos para cada uno en la cárcel de Santa Marta.
Por Oscar Mendinueta
Redacción
EL INFORMADOR
Santa Marta recibió la visita del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Omaña, en representación del Ministerio de Justicia, para entregar, en conjunto con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; la obra de 3 pabellones de 170 cupos, para los cuales fueron asignados un total de 40 guardias nuevos para ejercer control y vigilancia de los internos trasladados a la cárcel Rodrigo de Bastidas.
Camilo Omaña.
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“Hace aproximadamente tres semanas se graduaron de la escuela de formación del Inpec más de mil guardias, ellos se van a distribuir en diferentes funciones especificas para la asignación del cuidado. Cuarenta guardias recién graduados vinieron acá, que se supone que están graduados con los más altos estándares en educación en materia penitenciaria, por ende, tendemos a un reforzamiento de la guardia existente en este centro de reclusión. No sé si van a haber más guardias, pero hasta el momento tenemos cuarenta guardias nuevos”, precisó a EL INFORMADOR el Viceministro de Política Criminal, Camilo Eduardo Omaña.
Viceministro de Política Criminal conversando con los reclusos de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.
Sobre la obraEsta construcción de infraestructura carcelaria permitirá no sólo mejorar la calidad de vida de las Personas Privadas de Libertad, sino que adicionalmente maximizará la operatividad del cuerpo de custodia y vigilancia del establecimiento, como parte de la estrategia que pretende mitigar y disminuir el porcentaje de hacinamiento de Santa Marta y el departamento del Magdalena.
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La inversión que el Ministerio de Justicia destinó como recursos para materializar la edificación estuvo por encima de los 24 mil millones de pesos y se convierte en un escenario que propenderá espacios dignos y óptimos para la habitabilidad de los hacinados.
Sala de vigilancia y control de uno de los nuevos pabellones entregados por el Ministerio de Justicia.
“Tenemos una tarea urgente, debemos humanizar el sistema penitenciario y la política criminal del país. La creación de esta infraestructura y la habilitación de cupos para centros comunes es una necesidad y nuestro deber constitucional. Tenemos un sistema penitenciario y una política criminal que ha sido declarada como inconstitucional. Tenemos gente recluida en establecimientos como estos, pero también en unos mas viejos, incluso en estaciones policía y centros de atención inmediata en donde no deben estar recluidas las personas”, comentó acerca de la obra el viceministro.Trabajo en conjunto
El funcionario también hizo referencia a la importancia del trabajo en conjunto con las autoridades regionales para “sacar adelante” el proyecto que pretende mitigar el hacinamiento carcelario en esta región.
LA CIFRA
145,5% es el índice porcentual en el que se encuentra el hacinamiento carcelario en Santa Marta, mientras que en el Magdalena es del 122,9%.
“Tenemos una corresponsabilidad entre la Nación, los municipios y los departamentos para sacar adelante una infraestructura en donde las personas privadas de la libertad puedan mantener restringido su movimiento, pero no tengan suspendidos sus derechos. Estos 510 cupos deben estar destinados a personas que generan un hacinamiento y condiciones de vida difíciles, pero también tenemos un compromiso de tratar en primera medida a las personas condenadas”, sostuvo el viceministro Omaña.
Fueron asignados nuevos guardias para cumplir con funciones de vigilancia.
Del mismo modo, el Viceministro de Política Criminal se refirió a la Administración Distrital como “actor fundamental” para aportar con la mitigación del hacinamiento carcelario.
“El Distrito es un actor fundamental para contribuir en su responsabilidad frente a personas indicadas, y es fundamental para contribuir en poder organizar toda la información y el registro de las personas que han sido privadas de la libertad que están en URI y estaciones de policía y que podamos dar un circuito de traslado inmediato a centros de reclusión como estos en donde los indicados deben tener todos sus derechos cumplidos y esperar la decisión de un juez de la República”, explicó a EL INFORMADOR, Camilo Omaña.
