La Defensoría del Pueblo presenta un informe de gran trascendencia que revela la alarmante situación de desplazamiento forzado masivo y confinamiento colectivo que azota a Colombia durante los primeros cinco meses del presente año. Entre enero y mayo, se han registrado 41 eventos de desplazamiento forzado masivo, afectando a 13.588 personas (5.374 familias), y 33 eventos de confinamiento, poniendo en riesgo a 148 comunidades y 20.603 personas (9.478 familias).
Nariño, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Caquetá y Bolívar se erigen como los departamentos con mayor concentración de estos hechos, lo que configura una grave violación a los derechos humanos y una clara infracción al derecho internacional humanitario.
Ante este panorama desalentador, la Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas contundentes y efectivas para atender esta crisis humanitaria que aqueja al país. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
Expedición de un acto administrativo que establezca una ruta de atención y asistencia integral, real y efectiva, a las víctimas de confinamiento.
Agilización de los tiempos de atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado, garantizando su acceso a derechos fundamentales.
Eliminación de prácticas inconstitucionales o bloqueos institucionales que obstaculicen la ruta de atención y asistencia a las víctimas.
Flexibilización de requisitos burocráticos para la obtención de censos de víctimas de confinamiento, facilitando su identificación y atención.
Implementación de acciones de prevención y protección focalizadas en zonas de emergencias humanitarias recurrentes, mitigando los riesgos de desplazamiento y confinamiento.
Priorización en la atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado, riesgo de desplazamiento y confinamiento, garantizando su bienestar y dignidad.
La entidad también ha hecho hincapié en la necesidad de fortalecer la presencia institucional en las zonas afectadas y de garantizar la seguridad de las comunidades. La situación actual exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado colombiano para proteger los derechos de las personas más vulnerables y garantizar su bienestar.
