Samarios invitan al alcalde Pinedo a prohibir el consumo de drogas en espacios públicos y escolares

Esta solicitud surge en medio de la preocupación por la protección de niños y jóvenes ante el consumo de drogas en espacios de gran afluencia.

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La comunidad samaria espera que el alcalde Carlos Pinedo Cuello adopte medidas para salvaguardar la integridad de los niños y jóvenes de la ciudad.


En Santa Marta, la comunidad espera que el alcalde Carlos Pinedo Cuello se sume a la ola de rechazo que otros mandatarios del país han adoptado al prohibir el consumo de sustancias psicoactivas, conocidas localmente como “mariacachafa”, en espacios públicos y cercanías de colegios. Esta medida surge como respuesta a la preocupación generalizada por el incremento del consumo de drogas y sus efectos en la seguridad y bienestar de la población, especialmente de niños y jóvenes.

La mayoría de los alcaldes y gobernadores han manifestado su desacuerdo con la postura permisiva del gobierno central, liderado por el presidente Petro, frente al consumo de drogas en lugares de acceso público. En lugar de ello, han optado por regular los sitios específicos donde las personas pueden consumir este tipo de sustancias, buscando minimizar el impacto en la comunidad y, en especial, proteger a los menores de edad.

La comunidad espera que estas acciones contribuyan a preservar la seguridad y bienestar de la población, especialmente de los segmentos más jóvenes. Foto de referencia.


El rechazo de los mandatarios locales se basa en la defensa de los niños y jóvenes, considerando que el consumo de sustancias psicoactivas
en espacios públicos y entornos escolares puede afectar negativamente su desarrollo y seguridad. La reciente sentencia del presidente Petro, sugiriendo que aquellos que quieran consumir drogas lo hagan en sus hogares, ha generado controversia y ha motivado a los líderes locales a tomar medidas más estrictas.

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En caso de que se adopte la medida de prohibición en Santa Marta, se aplicarían sanciones económicas a quienes la incumplan, siguiendo el respaldo de la Corte Constitucional. Las multas podrían ascender a alrededor de 600 mil pesos como medida disuasiva para desincentivar el consumo de drogas en lugares públicos y cercanías de instituciones educativas.

La expectativa en la ciudad es que la Alcaldía de Santa Marta considere seriamente la implementación de esta medida, particularmente en áreas sensibles como las cercanías de instituciones educativas, parques y plazas públicas donde se congregan menores de edad, así como en los escenarios deportivos.






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