Abogados del alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitud de medidas cautelares con el objetivo de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, igualdad, derecho a ser elegido y derechos Políticos, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así lo dio a conocer la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, después de la presentación de las medidas cautelares en las instalaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos.
Según explicó el equipo de juristas, la solicitud se presenta con fundamento en que:
-“El 20 de octubre de 2023 el señor Carlos Pinedo fue amenazado de muerte en su sede política y aún no se da con los responsables”.
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-“El partido político Fuerza Ciudadana realizó la inscripción extemporánea de un nuevo candidato, el señor Jorge Agudelo Apreza, con el agravante de encontrarse entonces aún inscrita como candidata la hermana del gobernador Carlos Caicedo, la señora Patricia Caicedo, quien estaba inhabilitada para la inscripción, y además de no haberse resuelto los recursos interpuestos y no estar dentro de los términos establecidos por el artículo 31 de la Ley estatutaria 1475 de 2011”.
- “El señor Carlos Pinedo fue elegido como alcalde de Santa Marta cumpliendo con todas y cada una de las normas legales y constitucionales vigentes para su inscripción y elección, dentro de un certamen democrático que debe ser igual y justo para todos. Pretender favorecer indebidamente a un candidato y a un partido político que no cumple con las reglas previamente fijadas, que negligentemente inobservo el principio de prevención; violenta los derechos políticos colectivos de ochenta y cinco mil doscientos veintidós (85.222) electores de ser representados por el señor Carlos Pinedo”.
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La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados expresó que rechaza “las presiones indebidas del presidente de la República de Colombia Gustavo Petro en sus redes sociales sobre las decisiones judiciales que impidieron una candidatura que no cumplía con los requisitos legales para su inscripción ya sea por inhabilidad familiar y/o por extemporaneidad, esto sí resulta contrario a la convención, recordando que al ser Colombia un Estado Democrático, es esencial el respeto del principio de independencia judicial y la separación de poderes, principio consagrado en la Carta Democrática Interamericana en su preámbulo y artículo segundo”. Añade que “sobre este punto, vale la pena señalar que los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”, manifestó la firma.
