Un emblemático guardián samario se niega a desaparecer y sigue en una larga y gigantesca lucha contra la ingratitud, la indiferencia y un posible desastre que aún puede evitarse.
Entre las playas Lipe y San Fernando a 5 minutos en lancha desde la Bahía, permanece abandonado entre ruinas y al borde del colapso el Fuerte de San Fernando, uno de los lugares más históricos de Santa Marta, declarado como bien de interés cultural nacional por medio del Decreto 2673 del 20 de noviembre de 1989.
Por: César Barrera Palomino.
Periodista EL INFORMADOR.
Fotos: Adrián Toncel / #ElInformaDron
Faltan 518 días para que el 29 de julio del 2025 la ciudad más antigua de Colombia y la segunda más vieja de Suramérica cumpla 500 años, una fecha de connotación nacional muy esperada, de la que mucho se habla y para la que operadores turísticos, historiadores y samarios anhelan de corazón que un sitio distintivo como el Fuerte de San Fernando pueda ser restaurado y abierto al público, con la finalidad de que la historia no muera y se pueda seguir contando a las nuevas generaciones. No obstante, la realidad es que el olvido y la indolencia han sido el pago que ha recibido este imponente bastión, uno de los más importantes de Santa Marta, reconocido por su labor de defensa ante los ataques de los enemigos.
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Los cañones disparados desde el Fuerte de San Fernando y El Morro protegieron a la Perla de América cuando en muchas ocasiones los piratas intentaron entrar a la fuerza, como por ejemplo, aquella noche del 11 de marzo de 1740, fecha en la que 11 naves y 2 bombardas procedentes de Jamaica fueron obligadas a retirarse con al menos 6 cañonazos al pretender tomarse la Bahía. Al día siguiente lo volvieron a intentar e ingresaron, pero otra vez los invasores tuvieron que desistir del hecho gracias a las acciones defensivas, como lo relata el doctor Arturo Bermúdez en su libro “Materiales para la Historia de Santa Marta”.
Bermúdez explica en esa obra que, en el año 1667 los españoles construyeron en el Cerro de La Pedrera, en la Punta del Cuerno, una explanada con muros y una casa – fuerte llamada Fuerte de la Punta de Lipe. Pero el Fuerte de San Fernando se erigió en 1725 cuando el gobernador Juan Beltrán de Caicedo ordenó la reconstrucción de ese sitio, y lo llamó así en honor al futuro rey Fernando VI.
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En diálogo con EL INFORMADOR, el arquitecto e historiador Álvaro Ospino Valiente mencionó que “el sitio comenzó como una batería, que consistía en una explanada simple rodeada de una muralla, y cuando se le adicionan edificios militares se convierte en fuerte”.
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Un nuevo S.O.S
A pesar de los múltiples llamados de auxilio y las innumerables denuncias que se han hecho a través de EL INFORMADOR en busca de salvar a la emblemática fortificación, parece no haber poder humano que logre evitar lo indeseado: su destrucción total por causa del abandono.
EL INFORMADOR registró nuevas imágenes que muestran el deplorable y espantoso estado del lugar, que se sigue cayendo a pedazos ante los fuertes vientos, el salitre y el olvido de los entes gubernamentales. Esta situación se viene advirtiendo por este medio de comunicación desde hace más de cinco años, pero nadie se compadece del bastión samario.
Actualmente la fortificación se sigue derrumbando. La base plana ha recibido la caída de los ladrillos que conforman lo poco que queda de los edificios militares que servían para el almacenamiento de pólvora y alojamiento para la tropa. La edificación ubicada en la parte inferior ya no tiene techo y por dentro solo hay escombros y maleza, además de ser una cueva de murciélagos y de otros animales.
El otro cuarto ubicado en la parte superior aún conserva su estructura, pero se nota con preocupación que su base, en el cerro, se está socavando. Asimismo, el techo presenta grietas. El panorama tampoco es alentador en la zona de acceso, pues las pequeñas columnas que guían el camino hacia el fuerte, se han ido desmoronando.
El Ministerio de Cultura y el Concejo Distrital de Santa Marta manifestaron tener registro de intervenciones relativas a la preservación y restauración del Fuerte de San Fernando únicamente en los años 1996, 1997 y 2000, sin tener conocimiento de obras posteriores.
En el 2018 la Universidad del Magdalena y la Primera División del Ejército Nacional comenzaron diálogos con el fin de preparar el Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP– (documento técnico que permitiría la restauración del Fuerte Militar de San Fernando), pero hasta la fecha este programa no se ha desarrollado.
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Interpusieron acción popular, pero ni con la Justicia se ha podido
Ante la poca importancia que en Santa Marta le han dado a la situación del Fuerte de San Fernando, ciudadanos que viven en Bogotá se apersonaron del caso y radicaron una acción popular ante magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para buscar preservar la infraestructura y gestionar soluciones. Los líderes de la iniciativa son: Paola Marcela Iregui Parra, Laura Elena Bautista Ramírez, Eduardo José Restrepo Caballero, David Santiago Hoyos Daza, Laura Camila Chocontá Castillo y María Fernanda Barón Hurtado, quienes a través de la propuesta buscan que un juez ordene medidas encaminadas a proteger la infraestructura y el significado del fuerte. Para ellos, el Estado debe asumir este caso, pero también involucran y responsabilizan a varias entidades locales.
La demanda se hizo en contra de la Nación – Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Alcaldía de Santa Marta –Secretaría de Cultura Distrital y el Concejo Distrital. Los accionantes consideran que las entidades se han estado delegando sus responsabilidades, sin que ninguna se haga cargo por la restauración del Fuerte de San Fernando. Así mismo, afirman que presentaron numerosos derechos de petición a los entes nacionales y territoriales, y ninguno ha asumido compromiso, ni adelantado acciones para restaurar el monumento.
Según los demandantes, el Ministerio de Cultura manifestó el día 29 de octubre de 2020 que el propietario del Fuerte de San Fernando es el Ejército Nacional de Colombia. Sin embargo, “no se tiene certeza de quién es el dueño, en la medida que el Ejército Nacional nunca dio respuesta al derecho de petición que le fue presentado”, agregaron.
La acción popular llegó a la magistrada Claudia Lozzi, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al ser juez del domicilio de los demandados como el Mincultura y Mindefensa. La demanda fue trasladada también al apoderado del Ministerio de Defensa William Moya Bernal, pero afirmaron desde la entidad que “después de una exhaustiva revisión del buzón oficial de notificaciones, se evidencia que no llegó por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera, notificación personal del auto admisorio de la acción popular, el cual según la página de consulta la Rama Judicial solo fue notificado por estado al demandante, sin notificarse personalmente a los accionados”.
En ese orden, el Ministerio de Defensa comunicó a través de un documento que, “Ante la situación evidenciada se radicará escrito de nulidad por falta de notificación del auto admisorio”. Dicha respuesta contrasta con lo que muestra el expediente de los accionantes, quienes tienen pruebas de que dicha cartera ministerial sí tenía conocimiento del trámite. Así las cosas, se registra un capítulo más del juego de “tirarse la pelotica”, y mientras tanto el Fuerte de San Fernando lucha contra viento y marea por mantenerse en pie ante la negligencia de quienes tienen el poder para hacer algo para evitar su desaparición.
Desde hace muchos años el acceso al fuerte está restringido a la ciudadanía. Los militares lo custodian y un candado impide el ingreso por el sector de la entrada principal, ubicada al final de la playa San Fernando donde se encuentra el centro recreacional. En esa zona hay una pequeña muralla de ladrillos rodeada de alambres de púa. Por el otro lado, hacia playa Lipe, solo hay rocas que reciben los agresivos golpes de las olas del mar, y si alguien intenta entrar, corre peligro. El terreno en el que se encuentra la deteriorada fortificación está por fuera del ocupado por el Ministerio de Defensa, pero colinda con el Batallón ‘José María Córdova’ de la Primera División del Ejército.
Propuestas y solicitudes, punto por punto
Los demandantes solicitaron una inspección judicial al Fuerte de San Fernando, con la finalidad de constatar el estado del inmueble. Así como un informe técnico-científico a la infraestructura para profundizar sobre su deterioro, a cargo del Ministerio de Cultura.
También pidieron al honorable Tribunal que ordene “declarar la vulneración y, en consecuencia, se ordene la protección y garantía de los derechos colectivos a: la defensa del patrimonio público, defensa del patrimonio cultural de la Nación y derecho a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles”. Igualmente, requieren “ordenar al Ejército Nacional o a quien se le asigne la protección del Fuerte de San Fernando, la realización del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de este inmueble en un plazo de 1 año”.
Otra de las pretensiones es que se ordene “al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural estudiar, dar lineamientos y emitir concepto previo al Ministerio de Cultura sobre el contenido del PEMP del Fuerte de San Fernando”. En otro de los ítems del documento de acción popular requieren que el Tribunal ordene a la Alcaldía de Santa Marta y al Concejo Distrital que “en la formulación y aprobación de los planes de ordenamiento territorial se incorpore el Plan Especial de Manejo y Protección del Fuerte de San Fernando”.
El punto 3 de la misiva sobre las pretensiones de los accionantes expresa la solicitud de: “Ordenar al Ministerio de Cultura que lleve a cabo funciones como entidad competente en lo relacionado con la aplicación del Régimen Especial de Protección respecto del Fuerte de San Fernando declarado monumento nacional con anterioridad a la Ley 1185 de 2008. Citan también que “ningún bien que haya sido declarado de interés cultural podrá ser demolido, destruido, removido y/o intervenido sin la autorización de la autoridad que lo haya declarado con la denominación de bien de interés cultural”.
El punto 4 pidió al juez “Ordenar al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía de Santa Marta y al Concejo Distrital que se ciñan al procedimiento señalado en el ordenamiento jurídico colombiano para la destinación de recursos en materia de Patrimonio Cultural de la Nación, específicamente para el manejo, conservación y restauración del Fuerte de San Fernando, como bien de interés cultural del ámbito nacional”.
Los puntos 5, 6 y 7, pretenden que se ordene “al Ministerio de Cultura que realice una guía pedagógica y didáctica para la ciudadanía, así como campañas educativas, sobre el marco normativo relativo a la protección, conservación, mantenimiento y manejo de los bienes de interés cultural, tanto del ámbito nacional como territorial. También se pide “coordinación interinstitucional entre las entidades demandadas para el cumplimiento de las órdenes judiciales señaladas en la sentencia”.
Por último, se exigió la creación de un “Comité de Seguimiento y Verificación a la sentencia, destinado a consultar y verificar el cumplimiento de las órdenes impuestas en sede judicial. Se sugiere que esté integrado por los demandantes y demandados, coadyuvantes, entidades encargadas de la protección de los derechos colectivos, el Ministerio público y el juez. También, se solicitó que el juez vincule a personas con conocimientos sólidos en materia de protección del patrimonio público y cultural”, indica el documento.
Para los líderes de la iniciativa, todo lo que ha pasado con el fuerte samario se trata entonces de un resultado “no solo catastrófico para el bienestar e integridad de la comunidad de Santa Marta, sino para la memoria histórica, y los derechos colectivos al patrimonio público y cultural”.
El hecho que desde Bogotá hayan tenido que apropiarse de una acción que debió haber nacido por iniciativa de los mismos samarios, evidencia la desidia y la dejadez que se tiene en la ciudad para con los sitios históricos. Al tiempo, envía un mensaje contundente a los políticos, historiadores, y comunidad en general, para que despierten y gestionen acciones para su recuperación, especialmente cuando los 500 años de Santa Marta están a la vuelta de la esquina y respiran en la nuca. ¡Urge avivar el interés ciudadano e institucional!