La denuncia también involucra a otros tres funcionarios de la regional Magdalena. La semana pasada la Procuraduría abrió indagación por los mismos hechos en regional Magdalena del Instituto.
Ante la Fiscal General de la Nacional, Luz Marina Camargo, fue denunciado el director (e) del Instituto Colombianos de Bienestar Familiar, ICBF, regional Magdalena, Leonardo Alfonso Pérez y otros tres funcionarios de menor rango, por presunta comisión de delitos cometidos en la contratación para la atención de la primera infancia.
La denuncia involucra al técnico jurídico Edgar Velázquez, a Karen Diana Eguis Molina en su condición de coordinadora de Asistencia Técnica y al profesional universitario del Grupo Jurídico de la regional Ashfield Robinson, quienes habrían presuntamente incurrido en varias irregularidades al contratar de manera discrecional con fundaciones que no cumplen los requisitos, la atención a la primera infancia, desatendiendo circular emitida por la dirección nacional para la contratación de esos servicios.
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La semana pasada, la Procuraduría abrió indagación preliminar en la regional Magdalena del ICBF por la presunta adjudicación de contratos a dedo por 42 mil millones de pesos, a raíz de denuncias divulgadas a través de EL INFORMADOR, sobre tales hechos.
En la denuncia ante la Fiscalía se afirma que, “en particular, el director de dicha regional, el señor Leonardo Alfonso Pérez, ha sido señalado por contratar de manera discrecional con fundaciones que no cumplen con los requisitos para contratar con el ICBF. Estas decisiones comprometen más de cuarenta y dos mil millones de pesos ($42.000.000.000) del erario. Esta denuncia busca poner en conocimiento del ente acusador la forma en que se llevó a cabo la contratación y cuestionar por qué el señor Leonardo Alfonso Pérez decidió ignorar la circular emitida por la dirección nacional para la contratación”.
Agrega que “los señores Edgar Velázquez y Karen Diana Eguis Molina, con su vasta experiencia en la institución, establecieron contacto con los representantes legales de las fundaciones contratistas. Estos últimos, al escuchar las propuestas de Edgar Velazquez y Karen Eguiz Molina, no dudaron en aceptar y acordar la entrega de sobornos a cambio de mantener los contratos. Así nació una empresa criminal, conformada por el director, el técnico jurídico, la coordinadora del ICBF y los representantes legales de las fundaciones. Roles de los partícipes, como es obvio nada puede hacerse sin el ordenador del gasto y jefe Leonardo Alfonso Pérez, quien comanda la manada”.
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En la denuncia se describe el papel que jugaron cada uno de esos funcionarios en la contratación con las fundaciones para dejar por fuera a las Asociaciones de Padres de Familia. “Ashfield Robinson, en su condición de Profesional Universitario del Grupo Jurídico de la Regional-Magdalena del ICBF al igual que Karen Eguis, su función era la de consolidar la matriz de contratación, siempre y cuando, el contratista accediera a sus pretensiones económicas”, anota la denuncia.
La denuncia acusa a los funcionarios mencionados de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por apropiación en favor de terceros, agravados, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y acuerdos restrictivos de la competencia.
