La procuraduría que tiene jurisdicción sobre la subregión Centro del Departamento del Magdalena es la Provincial de El Carmen, Bolívar, a cargo del abogado Javier Antonio Cohen Peñaloza, cargo que desempeña desde el pasado 3 de mayo de 2018, después de haber sido contratista de la Fiscalía, de la Arquidiócesis de Cartagena, secretario de la Alcaldía Municipal de Armenia y hasta investigador adjunto de la Contraloría General.
Ante esta Procuraduría se han tramitado durante más de años, querellas sobre presuntos actos de corrupción en los que están involucrados ex alcaldes, alcaldes y funcionarios públicos de los municipios Nueva Granada, Plato y Tenerife, las cuales a la fecha no han arrojado ningún resultado, tal vez por negligencia, o por millones de razones que solo los investigados conocen y que la dirección general de la Procuraduría parece soslayar, en el marco de un silencio cómplice, que presuntamente tiene ribetes politiqueros.
La información que trasciende es que en esa sola Provincial se han instaurado alrededor de 40 querellas, la mayoría de ellas, por líderes sociales como Alexander España y Jesús Rodríguez, en contra de la administración anterior y la actual de Armando Campuzano, sin que ninguna de ellas haya arrojado algún resultado.
La mayoría de esas querellas ha sido por presuntas irregularidades en la contratación, el tema de las altas tarifas del alumbrado público, al igual que la mala prestación del Programa de Alimentación Escolar y del Transporte Escolar. Situación similar ha pasado con relación a las presuntas irregularidades denunciadas en Nueva Granada y Tenerife.
En el pasado, durante la administración del alcalde de Plato José Rosales se abrió investigación por presuntas irregularidades que no arrojaron ningún resultado. No obstante, se rumora en esa municipalidad que esos procesos además de los que tuvo que enfrentar en la fiscalía lo dejaron prácticamente en la ruina y solo así los pudo superar. Lo mismo ocurrió con un exalcalde del municipio de Nueva Granada.
En la actualidad, la Provincial de El Carmen, Bolívar, se ha hecho la de la “vista gorda y oídos sordos” a las miles de denuncias que se han hecho sobre la prestación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, denuncias que involucran a los alcaldes de los tres municipios, a fundaciones, corporaciones de papel y uniones temporales ilegítimas, dirigidas tras bambalinas por un solo individuo identificado como Manuel González Padilla, alias “El negrillo” y a sus socios Urbano Molina y Julio Diaz, entre otros.
Alias “El negrillo”, ha cometido tantas irregularidades como ha querido en los procesos de contratación en los tres municipios del centro del Magdalena y nada ha pasado con respecto a ello, y en eso los alcaldes y funcionarios encargados de los procesos licitatorios han sido permisivos.
Con la corporación CAPRODE, alias “El negrillo” contrató el PAE en Nueva Granada con esta corporación, pero utilizando un representante legal diferente al que puso a firmar el contrato con Tenerife; mientras que para Plato se inventó el Consorcio Niños Felices 2024, del cual es socio mayoritario el mismo CAPRODE, pero la representación legal es de su hermana Yesenia González Padilla.
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Lo anterior, sin tener en cuenta las múltiples quejas de padres de familia, profesores y estudiantes sobre las raciones que reciben en los colegios, la cuales realmente no aportan ningún valor nutritivo a los niños. Esas raciones constan de una lecherita saborizada o un juguito, un pan y una fruta; ese juguito muchas veces con fecha vencida.
LA CONTRALORÍA Sí
La única entidad que ha asumido el papel investigador del PAE en los municipios de Plato, Tenerife y Nueva Granada ha sido la Contraloría General de la República. Y precisamente la semana anterior una comisión de funcionarios de la entidad provenientes de Bogotá estuvo verificando sobre el terreno la prestación de este servicio a los niños tanto por parte del Departamento como por parte de los municipios.
Los hallazgos son realmente preocupantes, sobrecostos en las raciones, afectación en los niños por mal estado de los alimentos y detrimento patrimonial tanto al departamento como a los municipios por parte de ambos operadores.
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Para la semana entrante se anunció un informe completo de los hallazgos y el traslado de ellos a las autoridades competentes a fin de que se tomen cartas en el asunto.
Por lo pronto, se espera que la Procuraduría General ejerza autoridad sobre la Provincial de El Carmen y se abran las investigaciones disciplinarias a fin de acabar con la sinvergüenzura que se presenta en esta subregión del Magdalena.
Por Ruben Peña Noriega
Política EL INFORMADOR
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