Mientras el presidente Petro sigue hablando de su imaginario “golpe blando”, para distraer la atención de los colombianos sobre la triste realidad de nuestro país, los escándalos de corrupción siguen galopantes añadiendo nuevos ribetes, amén de los casos diarios de aporta el gobierno por su falta de conocimiento, cómo el de presentar un proyecto de Ley en el Congreso de la República, que después será declarado nulo por la Corte Constitucional, tal como sucedió con la creación del Ministerio de la Igualdad.
Cuando la noticia del día miércoles era el robo a las finanzas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, por parte de los funcionarios nombrados por el mismo presidente y que a la vez fueron sus aportantes a la campaña presidencial y aspirantes al Congreso de la República por sus listas a esta corporación, los cuales no alcanzaron a realizar sus aspiraciones, se conoce el nuevo desastre por la declaratoria de nulidad del Ministerio para la vicepresidenta Francia Márquez, que a todas luces se creó para cumplir promesas electorales, con el nombramiento de sus recomendados.
Ahora bien, el mayor escándalo de corrupción en Colombia toma vuelo con indicios de otros posibles malos manejos del dinero público en la Ungrd y la petición del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía de que investigue los contratos de esa entidad en los últimos ocho años; otro espejo retrovisor de los progresistas que no quieren verse en el desastre que son.
El saqueo a esta institución que enfrenta los embates de la naturaleza, va batiendo récord, superando a Laura Sarabia, Nicolás Petro y Armando Benedetti, entre otros, recayendo responsabilidad también, según el mismo director de la entidad, Carlos Carrillo, sobre el actual ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, que fue director encargado de la Ungrd el año pasado. Velasco tendrá que acudir a la Corte el 31 de mayo en desarrollo de la indagación previa abierta de oficio tras las declaraciones de los exfuncionarios Sneyder Pinilla y Olmedo López. Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la entidad estatal y segundo gran implicado, declaró en la Fiscalía por los presuntos sobrecostos en la compra de carros cisternas para llevar agua potable a La Guajira. El exfuncionario dijo que el dinero de la Unidad se utilizó también para dar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio del apoyo a las reformas de Petro. La declaración de Pinilla siguió a la de Olmedo López, quien fue el martes a la Fiscalía a la que prometió contar toda la verdad de la corrupción en esa entidad adscrita a la Presidencia colombiana que tiene un presupuesto anual de 657.727 millones de pesos.
Por otro lado, la Procuraduría también pidió todos los contratos y el monto de los mismos firmados durante la emergencia económica declarada mediante el Decreto 2113 de 2022 por el Gobierno de Petro para atender las necesidades en salud, agua y educación en La Guajira, que dio pie a la compra de los camiones cisterna, porque son por lo menos 20 los convenios y más de 200 los contratos celebrados por la Ungrd, que suman 1,3 billones de pesos, unos 333,4 millones de pesos
Se espera que luego de escuchar a los dos principales implicados en la trama de corrupción y sobornos, la Fiscalía actúe, no como amiga del gobierno, sino como defensora de los derechos de los colombianos, que quieren ver en la cárcel a todos estos corruptos.
Mientras que día a día se conocen nuevos detalles del mayor escándalo de corrupción en el país, la Corte Constitucional de Colombia tumbó la ley con la fue creado el Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, al considerar que tuvo vicios de trámite en el Congreso, señalando en su decisión que en el trámite de creación no se hizo un análisis del impacto fiscal de esa nueva cartera. Igualmente difirió su decisión por el término de dos legislaturas, razón por la cual el Ministerio seguirá existiendo hasta 2026. Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico. La demanda que falló la Corte había sido interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, quien aseguró que el Ministerio de la Igualdad era pura burocracia y con toda la razón.
El Ministerio tiene un presupuesto de 1,3 billones de pesos, de los cuales 900.000 millones de pesos, eran para repartir puestos y apenas 400.000 millones de pesos, para la inversión que se necesita para los colombianos, demostrándose que el Gobierno nunca mostró un estudio de impacto fiscal sobre este proyecto. Lo que queda pendiente, en medio de todos estos enredos, es, donde se sigue sacando los dineros para el mantenimiento del helicóptero de la Vicepresidenta, que se moviliza en este medio de transporte.
