El hombre fue judicializado por, presuntamente, exigir dinero a un comerciante del barrio Villa Estrella a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. La Fiscalía también le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer.
La decisión se produjo luego de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar lo judicializara por hechos ocurridos en mayo de este año, relacionados con amenazas y exigencias económicas dirigidas al propietario de un establecimiento comercial.
Según la investigación, el comerciante comenzó a recibir mensajes intimidatorios en su teléfono celular el pasado 21 de mayo, en los que le exigían una suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad, la de sus familiares y la de sus trabajadores.
Capturado cuando recibía el dinero
Tras la denuncia presentada por la víctima, las autoridades desplegaron una operación conjunta entre la Fiscalía y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional.
Como resultado de las labores investigativas, Villadiego Romero fue capturado en flagrancia el 22 de mayo, cuando presuntamente recibía una parte del dinero exigido al comerciante.
La detención permitió avanzar en el proceso judicial y recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la imputación presentada por el ente acusador.
También es investigado por presunto soborno
De acuerdo con la Fiscalía, durante el procedimiento de captura el procesado habría intentado influir en el curso de la actuación judicial.
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Las autoridades señalaron que, presuntamente, ofreció 30 millones de pesos a los uniformados que participaron en el operativo para que intercedieran ante la Fiscalía y facilitaran la imposición de una medida de aseguramiento domiciliaria.
Por este hecho adicional, el ente investigador incluyó en la imputación el delito de cohecho por dar u ofrecer, además de la acusación por extorsión agravada.
No aceptó los cargos
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Villadiego Romero los delitos de extorsión agravada y cohecho por dar u ofrecer.
Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Pese a ello, el juez de control de garantías consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
