Fue hallado responsable disciplinariamente por exigir dinero a las cajas vigiladas, y habría modificado sin justificación alguna la lista de elegibles a cargos de directores y agentes interventores.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 12 años al Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca.
El órgano de control también lo halló responsable, por las modificaciones realizadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.
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En fallo de primera instancia, el Ministerio Público estableció que Pérez solicitó dinero a cajas de compensación vigiladas e indicó que al realizar esa petición de dinero ejerció las potestades de su cargo para una finalidad distinta a las establecidas en la ley, además que esa petición resulta inaceptable pues se hizo sobre entidades respecto de las cuales tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control, “apartándose así de los fines misionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, y por esa vía, de los mandatos a él exigibles”.
Pérez Casas modificó, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no participaron en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla.
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Para el Ministerio Público, el superintendente desconoció los principios de igualdad, legalidad y moralidad, pues disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original, con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable, “con lo que cercenó los derechos de quienes hacían parte de la lista de elegibles”.
