El alto tribunal concluyó que el presidente Gustavo Petro incumplió la prohibición establecida en la Ley de Garantías Electorales al difundir mensajes relacionados con la contienda política de 2026 a través de publicaciones y escenarios institucionales.
El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral mediante publicaciones y canales oficiales del Estado, tras concluir que incumplió lo establecido en la Ley de Garantías Electorales.
La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal dentro de una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), organización que advirtió sobre presuntas intervenciones políticas desde espacios institucionales.
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Según la sentencia, el mandatario vulneró la prohibición contenida en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, norma que impide a los servidores públicos utilizar medios oficiales de comunicación y escenarios institucionales para promover o atacar partidos, movimientos políticos o influir en procesos electorales.
El Consejo de Estado recordó que esta restricción cobija a todos los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, y ordenó a la Procuraduría General de la Nación vigilar el cumplimiento de la decisión.
Dentro de los hechos analizados por el tribunal se mencionan publicaciones y pronunciamientos relacionados con las elecciones de 2026, entre ellos llamados públicos a “ganar las elecciones”, mensajes de respaldo al Pacto Histórico, referencias a la necesidad de consolidar mayorías progresistas en el Congreso y declaraciones dirigidas contra sectores de oposición.
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La acción judicial también citó advertencias realizadas previamente por la Misión de Observación Electoral (MOE), que desde 2023 había alertado sobre posibles riesgos de participación política desde la Presidencia. Asimismo, recordó el exhorto realizado por la Procuraduría en 2025 para evitar el uso de recursos y plataformas oficiales con fines electorales.
Tras conocerse el fallo, FEDe. Colombia aseguró que la decisión representa una garantía para la transparencia democrática y el equilibrio en las futuras contiendas políticas del país.
