La Defensoría del Pueblo interpuso una Acción Popular para salvaguardar los derechos colectivos de los bañistas que frecuentan la emblemática Playa Hurtado, ubicada a orillas del río Guatapurí en Valledupar.
Desde el año 2022, la Defensoría del Pueblo venía solicitando a la Alcaldía de Valledupar la elaboración de un Plan Municipal de Prevención de Riesgo. La falta de señalización preventiva y un puesto de socorro con personal capacitado eran los principales problemas que se buscaba solucionar para evitar pérdidas humanas.
En septiembre de 2023, un fallo judicial respaldó el derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles. La sentencia obligó a la Administración Municipal a elaborar y ejecutar, en un plazo de seis meses, un Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Este plan debe incluir medidas específicas de prevención y respuesta para los ahogamientos en Playa Hurtado.
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Además, se exige un enfoque significativo en la educación e información comunitaria para crear conciencia sobre los riesgos asociados al comportamiento irresponsable, descuidado y negligente al disfrutar de las aguas en este lugar recreativo.
El fallo también ordena el establecimiento de un puesto de socorro permanente, operativo las 24 horas del día, dotado con una ambulancia y personal capacitado para brindar asistencia inicial. Esto incluye la contratación de salvavidas, rescatistas y/o vigilantes para supervisar activamente el área circundante a la playa.
Asimismo, se exige la instalación de señalización preventiva y de alerta de peligro en las zonas de mayor riesgo de ahogamiento. Para cumplir con estas disposiciones, la Administración Municipal tiene la facultad de celebrar convenios con organismos de socorro como la Cruz Roja, Bomberos o Defensa Civil, dentro del plazo establecido.
Como parte del seguimiento, la Alcaldía de Valledupar deberá elaborar informes semestrales sobre la gestión desarrollada. Estos informes deben incluir una relación detallada de las actividades ejecutadas, material fotográfico y los soportes documentales pertinentes.
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La sentencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, por lo que la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la Administración Municipal para que cumpla de manera inmediata con las órdenes judiciales y evite más muertes.
