De acuerdo con el tribunal de paz, hay fundamentos para considerar que los exmiembros de las Farc cometieron crímenes de lesa humanidad, como tortura, actos inhumanos, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.
La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que confirma la imputación por esclavitud y secuestros a los miembros del antiguo secretariado de las antiguas Farc.
Según el tribunal de paz, "el crimen de esclavitud fue un ataque extendido y sistemático contra la población civil." Del mismo modo, determinó que este grupo de exguerrilleros es responsable de cometer crímenes de guerra incluyendo tortura, tratos crueles, ofensas a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
La JEP explicó que tomó esta decisión aplicando diferentes fuentes de derecho que corresponden a esta jurisdicción, un poder conocido como su propia calificación jurídica, armonizando adecuadamente el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional. Esto aseguró y respetó los principios de legalidad y favorabilidad.
Esta Sección de Reconocimiento concluyó en su análisis que quienes formaban parte del antiguo secretariado de las Farc-EP "son responsables por comandar las conductas que constituyen el crimen de lesa humanidad de esclavitud derivadas de la política general de secuestros de la organización," ya que tenían conocimiento de que el trabajo forzado impuesto fue cometido como parte de un ataque extendido y sistemático.
Esto significa que en el contexto de la estrategia de secuestro de las Farc, se cumplieron tres elementos contextuales que configuran un crimen de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma: los ataques fueron dirigidos contra la población civil, fueron generalizados o sistemáticos, y se llevaron a cabo de acuerdo con o en cumplimiento de una política de la organización.
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Después de establecer esta correspondencia, la Sección encontró que la antigua guerrilla de las FARC-EP implementó políticas de privación de la libertad con propósitos como financiamiento, intercambio por guerrilleros encarcelados y control de territorios y poblaciones. Estas políticas tuvieron impactos negativos profundos en la sociedad colombiana, especialmente afectando a grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables.
Según la JEP, hay siete antiguos miembros del exsecretariado de las Farc implicados. El primero es Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, a quien el tribunal de paz le imputó la responsabilidad por crímenes de guerra relacionados con toma de rehenes, así como crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad, junto con otros crímenes cometidos simultáneamente.
Por otro lado, a Pastor Lisandro Alape Lascarro, también conocido como Pastor Alape, se le imputó la responsabilidad por crímenes de guerra vinculados con toma de rehenes y crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes cometidos simultáneamente por las unidades militares bajo su mando.
Además, a Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como Joaquín Gómez, la JEP le imputó la responsabilidad por crímenes de guerra relacionados con la toma de rehenes y crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad, junto con otros crímenes cometidos simultáneamente por las unidades militares bajo su mando.
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Por otra parte, a Jaime Alberto Parra Rodríguez, también conocido como Mauricio Jaramillo o el Médico, se le imputó la responsabilidad por crímenes de guerra relacionados con la toma de rehenes y crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes cometidos simultáneamente por las unidades militares bajo su mando.
Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Losada, fue imputado por su responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con la toma de rehenes, así como por crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes cometidos simultáneamente.
Pablo Catatumbo Torres Victoria, también conocido como Pablo Catatumbo, fue imputado por su responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con la toma de rehenes, así como por crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad, junto con otros crímenes cometidos simultáneamente por las unidades militares bajo su mando.
Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Téllez, fue imputado por su responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con la toma de rehenes y por crímenes de lesa humanidad por privaciones de la libertad, debido a su participación con otros comandantes en la implementación de la política de privar de la libertad a civiles con el fin de obtener dinero por su liberación.